Ceuta

Ceuta, el chantaje marroquí

España le brindó al líder del Frente Polisario y el rey marroquí Mohamed VI promovió una acción que ha tensado el ambiente en esa zona estratégica, puerta de entrada al Mediterráneo: la “invasión” de inmigrantes ilegales hacia la ciudad española de Ceuta.
domingo, 13 de junio de 2021

Envalentonado por el espaldarazo que le dio Trump –reconoció la soberanía de Rabat sobre el Sahara Occidental– y enojado por el asilo humanitario que España le brindó al líder del Frente Polisario, el rey marroquí Mohamed VI promovió una acción que ha tensado el ambiente en esa zona estratégica, puerta de entrada al Mediterráneo: la “invasión” de inmigrantes ilegales hacia la ciudad española de Ceuta. El monarca norafricano pretende así presionar a la Unión Europea para que ceda a sus demandas territoriales.

Madrid.- La crisis diplomática entre España y Marruecos tiene raíces profundas y no hay expectativas de alcanzar una solución en el corto plazo. En el episodio más reciente, multitud de jóvenes y niños, alentados por autoridades marroquíes, cruzaron a nado la frontera hasta la playa del Tarajal, en Ceuta, ciudad española del norte de África, el 18 de mayo.

Este hecho dejó al descubierto una red de intereses y desencuentros geopolíticos regionales y globales: se cruzan desde el deseo de Marruecos de tener el reconocimiento internacional de soberanía sobre el Sahara ocupado, el control de los flujos migratorios de África a Europa, el combate al yihadismo en el Sahel, el suministro de gas de Argelia a España o la triangulación de intereses geoestratégicos entre Marruecos, Estados Unidos e Israel.

Todo ello tuvo más sentido cuando se conoció que ese 18 de mayo unas 8 mil personas, principalmente marroquíes, cruzaron a nado hacia Ceuta, alentados por la policía de Marruecos. La Policía Nacional y la Guardia Civil, que gestionan la seguridad fronteriza, enfrentaron una situación inusual. El gobierno de Pedro Sánchez se vio obligado a desplazar destacamentos del Ejército hasta el lugar para frenar ese flujo y mostrar fortaleza en la defensa de su territorio.

Pero el detonante de esta crisis ocurrió un mes antes. El 18 de abril un avión del gobierno argelino llegó al aeropuerto de Zaragoza y una ambulancia llevó a un misterioso pasajero al hospital. Argelia había pedido a España discreción para recibir al viajero, que llegó grave, aquejado de covid-19; lo hizo con pasaporte diplomático argelino, pero se registró en el hospital con un nombre falso.

Se trataba de Brahim Gali, el líder del Frente Polisario (FP), declarado enemigo de Marruecos en la lucha por el control del Sahara Occidental. Desde hace años su organización ha sido respaldada y acogida en Argelia que, a su vez, rompió relaciones con Marruecos.

De hecho, Marruecos y el FP rompieron su tregua y entraron en una “guerra de posiciones”, con fuego real, desde el 13 de noviembre, cuando el ejército marroquí penetró en la zona de amortiguación de la ONU, cerca del puesto de Guergerat, en la frontera con Mauritania (Proceso 2304).

Los servicios secretos marroquíes pronto conocieron la presencia de Gali en España, y se produjo el reclamo de Rabat. El embajador español en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner, fue convocado por el régimen alauí para mostrar su malestar y pedirle explicaciones. Madrid sostiene que lo hizo por razones humanitarias, a petición de Argelia.

En un comunicado, el ministro de Exteriores marroquí dijo que España no debía “minimizar el impacto grave” en las relaciones bilaterales que provocaba la decisión de acoger a Gali, de 71 años. Consideraron una “deslealtad” de España no haberles notificado oficialmente.

Dentro del gobierno de Sánchez hubo un choque de posiciones sobre el gesto de acoger a líder del FP. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, defendió y aprobó acogerlo “por razones humanitarias”, y es a quien se achaca una fallida gestión del suceso.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se opuso terminantemente, advirtiendo sobre las “graves consecuencias” que traería esa decisión, que consideró “un error”. Lo decía como responsable de negociar con Marruecos la política de contención de los flujos migratorios de habitantes del África subsahariana y del Medio Oriente hacia Europa.

El Ministerio del Interior ha tenido que lidiar con el goteo permanente de migrantes que entraban principalmente por las Canarias.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, era partidaria de recibir a Gali siempre y cuando antes se pusiera sobre aviso a Marruecos. Sin embargo, una vez que estalló la crisis fue la más contundente con Rabat: “No vamos a aceptar chantajes; la integridad de España no es negociable ni está en juego y vamos a usar todos los medios necesarios para garantizar la integridad territorial y vigilar las fronteras (…) Con España no se juega”.

Para atender la emergencia, el 18 de mayo Pedro Sánchez canceló el viaje que tenía previsto a París para participar en una cumbre de financiamiento de África. En un mensaje institucional defendió “la integridad territorial de España, sus fronteras, que son también las fronteras exteriores de la Unión Europea, serán defendidas por el gobierno de España ante cualquier desafío y conjuntamente con nuestros socios europeos”.

España quedó así atrapada en un juego de intereses geopolíticos que crispó nuevamente su larga historia de sobresaltos con Marruecos.

La petición de atender a Gali que hizo Argelia no fue un hecho menor: el país norafricano suministra 60% del gas que se consume en España. Gracias al convenio con la empresa pública argelina Somatrach, éste es de los pocos países europeos que no dependen del gas ruso.

A su vez, en Marruecos, tras convocar a consultas a su embajadora en España, Karima Benyaich, el ministro de Exteriores, Nasser Bourita, fue crítico con el gobierno español. “Marruecos no acepta el doble lenguaje y las posiciones por parte de Madrid”, dijo.

Sahara, prioridad marroquí

El pasado 10 de diciembre, luego de su derrota electoral y a punto de abandonar la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó una declaración reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental y anunció la normalización de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel.

El anuncio ignoraba diversas resoluciones internacionales sobre la antigua colonia española, que formalmente sigue bajo supervisión de un comité de la ONU, y que es el centro de la disputa entre Marruecos y el pueblo saharaui, liderado por el FP.

Marruecos negoció el respaldo de Trump durante dos años, aunque a cambio tenía que pagar un precio: convertirse en el cuarto país musulmán en normalizar sus relaciones con Israel, después de Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Sudán.

En entrevista con Proceso, Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, considera que con este “regalo envenenado” de Trump al reconocerle control del Sahara, “Marruecos se siente más fuerte de lo que ya se sentía, entendiendo que el respaldo estadunidense le permite acercarse a su propósito de tener el control total del Sahara ocupado”.

Rabat ha presionado para que el gobierno español reconozca su soberanía sobre ese territorio o, al menos, que ofrezca apoyo público, como ya lo ha hecho Francia. Pero sin éxito, porque el presidente Sánchez dijo en noviembre pasado que “el gobierno español y el Estado en su conjunto mantienen la centralidad de la ONU”, e hizo un reconocimiento al esfuerzo del secretario general de las Naciones Unidas en este conflicto olvidado.

El control y explotación del Sahara ocupado por Marruecos le reditúa enormes beneficios económicos. Por ejemplo, lo convierte en el principal exportador mundial de fosfatos y tiene enormes ganancias –incluidas de la Unión Europea– por la explotación pesquera de los ricos bancos saharauis en los casi mil kilómetros de costa atlántica. Ninguno de esos beneficios va a manos de los saharauis, sostiene el entrevistado.

Tener la soberanía de los más de 260 mil kilómetros cuadrados también le supondría potenciar su creciente peso geoestratégico en África, de cara a las potencias de Occidente. Al respecto, Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia, de Cataluña, advertía en un artículo bajo su firma (el 23 de mayo), que “Estados Unidos ve en Marruecos un posible freno a la influencia China en África”.

Y Marruecos, entendiendo el nuevo tono de su relación con Estados Unidos, le ha ofrecido “la ubicación de nuevas bases militares en su territorio, después de la apertura de la base de Tan-Tan, en el límite con el Sahara Occidental, adjudicada al Africom (Mando para África del Departamento de Defensa de Estados Unidos)”. 

En concreto, pretende que Estados Unidos se asiente en “la base naval de Alcazarseguir, muy cercana a Ceuta, como una alternativa a la base naval de Rota (en España)”.

Marruecos también ha sabido explotar su baza como muro de contención a la creciente presencia y actividad de grupos terroristas ligados a Al Qaeda o al Estado Islámico en los países del Sahel –que limita al norte con el desierto del Sahara–, que suelen ser políticamente inestables.

“Marruecos juega un papel muy importante, desde la perspectiva estadunidense, en la contención del terrorismo yihadista, que actualmente tiene una notable presencia en los países del Sahel”, apunta el entrevistado.

Desde el punto de vista geopolítico, dice, está el hecho de que Marruecos y España “son la puerta de entrada y salida del Mediterráneo”, y eso hace que “desde la perspectiva estadunidense siempre hayan tenido claro el interés de mantener a Marruecos como un aliado, al margen de si hay un republicano o un demócrata en la Casa Blanca”.

Eso lo ha sabido leer muy bien Marruecos y trata de aprovecharlo para hacer realidad su mayor objetivo. “El Sahara marroquí es la mayor reivindicación en la agenda política del rey Mohamed VI, y eso no lo va a abandonar”.

“Es la única causa que la monarquía marroquí ha conseguido liderar en el país, poniendo de acuerdo a todas las fuerzas políticas, las más críticas o las menos críticas con el régimen y con palacio. Es difícil encontrar a un marroquí que no piense que el Sahara es parte de Marruecos”, sostiene.

La administración de Joe Biden no se ha pronunciado con claridad sobre si modificará o no la posición de Estados Unidos sobre el Sahara, aunque ha mostrado su beneplácito por los pasos en la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel.

Para Núñez, también profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, en este caso Marruecos “está de acuerdo en pagar el precio que haga falta con tal de sumar reconocimientos a su objetivo por el Sahara. Y si el precio es reconocer a Israel, lo hará”. 

Explica que Marruecos, en los hechos, ya mantenía relaciones no formales con Israel, en contactos de los servicios de inteligencia, y en el suministro de armas, sobre todo en cuestiones de guerra electrónica.

Frente a la crisis entre Israel y Palestina, en Marruecos contrastan las nutridas manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino, con el silencio absoluto que ha mantenido el régimen.

Núñez considera que esto es aún más sintomático por el hecho de que Mohamed VI es el presidente del Comité Al-Quds de Jerusalén. Este comité es una organización internacional que reúne el apoyo a la causa palestina y es responsable de velar por la preservación del patrimonio religioso, cultural y urbano de los lugares sagrados musulmanes, es decir, la Ciudad Santa ocupada por Israel.

El organismo fue creado por su padre, el rey Hassan II (1929-1999), para denunciar la ofensiva de Israel de ocupar, judaizar y alterar los monumentos de la ciudad de Al-Quds. Mohamed VI lo heredó.

El entrevistado advierte que si bien es un papel simbólico, el monarca alauí tiene implicación en el conflicto palestino-israelí. Marruecos, además, sabe que “la Unión Europea tiene un temor tremendo por verse invadida de inmigrantes. Y sabe que puede seguir utilizando esa clave, aunque reciba críticas de la UE o que ésta en un momento dado le recorte algún beneficio (subvenciones); sabe que sigue teniendo la llave de la puerta.

“Esto explica que Marruecos haya dado este paso en falso pensando que podía forzar definitivamente la posición española de apoyo a la tesis soberanista de Marruecos”, dice Núñez.

El entrevistado es crítico con “la torpeza diplomática por parte de España, al no saber calcular la reacción que podía tener ese tema en Marruecos”, y con el régimen marroquí, “capaz de utilizar la miseria de su propia gente para conseguir algún tipo de compensaciones, a veces económicas y a veces políticas, para acallar críticas o denuncias sobre la falta de democracia, violación de derechos humanos y la explotación de los recursos del Sahara que no van en beneficio de los saharauies”.

Sobre las expectativas, en su opinión, “no hay una forma realista de escapar al chantaje que Marruecos ejerce, ni por parte de España ni por parte de la Unión Europea. Lo hemos visto con Turquía, y todo al final pivota alrededor de la idea de que la UE y España están tratando de evitar la llegada de personas desesperadas por alcanzar lo que equivocadamente creen que es el paraíso”.

El más reciente intento lo hizo Marruecos cuando el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional, citó el martes 1 a declarar a Gali en relación con dos acusaciones que hay en su contra por presuntos delitos de tortura y genocidio, supuestamente cometidas en el Sahara, pero presentadas en España.

Antes de dicha audiencia, Marruecos presionó con diversas declaraciones condicionando un eventual giro en la crisis, dependiendo si España enviaba a prisión a su enemigo o si lo dejaba “escapar”. La embajadora marroquí advirtió que si Gali sale de España “a escondidas, como entró”, las cosas “empeorarán”. Sin embargo, Pedraz lo dejó en libertad y sin medidas cautelares. 

Además de considerar que no hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, el magistrado advierte que no se le fueron proporcionados elementos siquiera indiciarios de su culpabilidad, porque de las declaraciones de testigos en la causa no existen pruebas corroborativas y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado.

Se refiere a la acusación presentada en 2008 por una agrupación promarroquí llamada Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos, que lo acusa de genocidio contra disidentes saharauis refugiados en los campamentos de Tinduf. Y la otra es una querella del activista Fadel Breika, que lo acusa de detención ilegal y torturas a su llegada a Tinduf en 2019.

El juez consideró suficiente para ser localizado un domicilio, que es el de su abogado, Manuel Ollé –el mismo que representó a Humberto Moreira y al magnate Alonso Ancira en sus procesos de extradición a México–. El martes 1 el diario El País y Radio Televisión Española adelantaron que el líder del FP ultimaba su salida de España, luego que el juez decidiera no enviarlo a prisión.

Pese a que Marruecos sigue teniendo la llave para temas que preocupan a la UE, desde Bruselas empieza a haber respuestas más firmes. También el martes 1 Nabila Massrali, portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, aseguró que el organismo no modificará su posición sobre el Sahara Occidental, y recordó que se atiene a lo establecido por la ONU, que sigue reconociendo la “libre determinación del pueblo del Sahara Occidental”. Y respaldó a España al advertir que Ceuta es una frontera europea.

Reportaje publicado en la edición 2327 del semanario Proceso.

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