MÉXICO, D.F., 6 de abril (apro).- En la administración federal “nadie mueve un dedo” y “ya llegó un punto donde necesitamos que el gobierno tome acciones”, destacó José Antonio Abad, representante del proyecto Banda Ancha Móvil para Todos, encabezado por el consorcio MVS y cuatro socios más, al presentar públicamente el proyecto para la explotación de la banda 2.5Ghz, con inversiones de mil millones de dólares que están paralizadas.

En la conferencia de prensa, el abogado de MVS, Eduardo Sánchez, reveló que la inacción del gobierno federal ya provocó que la empresa estadunidense Hicks-Muse Capital Partners, socio del 23% con MVS de la explotación de la banda 2.5 Ghz, iniciara un procedimiento de arbitraje en contra del gobierno de Felipe Calderón por “daños y perjuicios” ante el retraso para el refrendo de las concesiones que detentan ambas empresas.

Sánchez precisó que esta demanda se basa en el capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio donde se prevé que las empresas norteamericanas puedan solicitar el arbitraje. “Tienen hasta el próximo mes de diciembre de este año para determinar si dan entrada a la demanda”, advirtió Sánchez.

“Estamos evaluando jurídicamente opciones para demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, si el gobierno no aprueba el proyecto para la explotación de esta banda, adelantó el representante jurídico de MVS.

Durante la conferencia de prensa, donde se dieron a conocer los detalles del proyecto para explotar la banda 2.5Ghz y ofrecer servicios de banda ancha, José Antonio Abad desmintió que MVS no quiera pagar la contraprestación a la Secretaría de Hacienda para que se le permita dar este servicio; y negó que detrás de este proyecto esté Carlos Slim, el principal accionista de Telmex-Telcel y socio de MVS en Grupo Dish.

“Nosotros queremos pagar lo justo”, advirtió Abad; y aclaró que desde hace dos años han estado en negociaciones con la Secretaría de Hacienda para pagar lo mismo que se cobró por derechos en la banda 3.5Ghz, más 30%. La Secretaría de Hacienda no ha dado una respuesta, indicando que le corresponde a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) establecer los lineamientos técnicos para la explotación de la banda 2.5 Ghz.

“Llevamos más de 4 años en pláticas con el gobierno. Falta que la Secretaría de Hacienda fije la autoprestación e, incluso, propusimos que el gobierno fuera socio del consorcio”, abundó Abad.

Por su parte, el abogado Eduardo Sánchez precisó que MVS promovió más de 100 amparos para impedir que el gobierno federal expropie las frecuencias que detenta esta empresa en la banda 2.5Ghz.

“En tanto estemos amparados, no hay riesgo de una expropiación”, respondió Sánchez, a pregunta expresa.

Los representante de MVS aclararon que los 190Mhz que tienen en esta banda del espectro radioeléctrico equivale solamente al 11% del espectro disponible para dar servicios de banda ancha inalámbrica y que la conformación de un consorcio de cinco socios tiene como objetivo “evitar que una sola empresa acapare” esta banda.

En la misma conferencia, el representante de la compañía Alestra, Rolando Zubirán, aclaró que esta empresa de telefonía podría participar con un capital de entre 15 y 20% de la inversión de 400 millones de dólares que se incorporarán al consorcio.

Además de esta inversión de 400 millones de dólares del consorcio de cinco socios, encabezados por MVS, ClearWire, Alestra y Axtel, se prevé que los proveedores independientes que serían los clientes del futuro consorcio tendrían que invertir 600 millones de dólares.

“En total, están paradas inversiones de entre mil y mil 100 millones de dólares”, advirtió Abad.