CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A siete años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortaron a las autoridades federales a priorizar su búsqueda y avanzar en la investigación y el esclarecimiento de los hechos de manera pronta y efectiva.

“Desde la adopción de la medida cautelar 409/14, la CIDH brinda un seguimiento cercano al asunto de Ayotzinapa, y en el último tiempo ha podido dar testimonio de la importancia de la voluntad política del Estado para el impulso en el caso”, afirmó la comisionada y Relatora para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño.

De su lado, Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, dijo que nadie mejor que las familias saben lo que han tenido que enfrentar en estos siete años de búsqueda de justicia y verdad y el sufrimiento humano que ello conlleva.

“Que su ejemplo de dignidad y perseverancia sea un recordatorio permanente de la importancia de seguir sumando esfuerzos y lograr avances concretos y confiables que hagan realidad su derecho a la verdad”, añadió.

Según los representantes de la CIDH y la ONU-DH, a partir del trabajo articulado de las autoridades, con la participación de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, hoy se conoce nueva información sobre el contexto y la dimensión del ataque ocurrido y las múltiples violaciones a derechos humanos que resultaron de ello.

Asimismo, se han logrado avances investigativos relevantes, como la identificación positiva de dos estudiantes; se están investigando actos de tortura y malos tratos cometidos durante la toma de las primeras declaraciones a los supuestos responsables; se ha tenido acceso a información de inteligencia que no había sido aportada en la primera fase de la investigación; y se tiene mayor claridad de la responsabilidad de actores no estatales y de funcionarios de todos los niveles de gobierno.

Además, la CIDH y ONU-DH observaron que la apertura al escrutinio internacional sienta precedentes positivos para la investigación de los casos de desaparición en México.

“Resulta de suma importancia transformar los avances logrados en acciones concretas que tengan como objetivo romper el pacto de silencio y los obstáculos para conocer la verdad de lo ocurrido”, manifestaron.

También destacaron que resulta prioritario determinar el paradero de los estudiantes, cumplir con las consignaciones y órdenes de aprehensión y extradición pendientes, impedir filtraciones de información sobre el caso, garantizar la seguridad de víctimas y testigos, y sancionar al funcionariado público que obstaculizó la justicia y cometió violaciones a los derechos humanos durante la investigación.

Sostuvieron que es impostergable redoblar los esfuerzos en la recuperación de pruebas y nuevos testimonios relevantes, y se aceleren las entregas de información de las instituciones de seguridad e inteligencia aún pendientes.

De igual manera, la CIDH y la ONU-DH reconocieron la lucha de las familias y personas defensoras de derechos humanos que las acompañan, y la destacada labor y compromiso de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia, de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa, aunado a los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes (GIEI), que permitió derribar la fabricación de una versión de los hechos que menoscabó las obligaciones internacionales del Estado respecto de los derechos de acceso a la justicia y debido proceso de los estudiantes desaparecidos y sus familias.

Arosemena de Troitiño y Fernández-Maldonado expresaron su solidaridad con las familias de los 43 normalistas desaparecidos y reiteraron que seguirán acompañándolas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral.

Finalmente, reconocieron la importante labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar-Centro de Análisis e Investigación y la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), en el acompañamiento y representación de las familias de las víctimas, así como la fundamental labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF) en el caso.