MÉXICO, DF, 10 de marzo (apro).- El Frente Amplio contra la Supervía Poniente perdió hoy otra batalla legal en su intento por frenar la controvertida obra.
Y es que este jueves, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) --última instancia judicial a la que podía acudir-- desechó el recurso que interpusieron con el propósito de parar la megaobra.
    No es el primer revés que tiene el Frente en el Contencioso. En enero pasado, el juzgado décimo de distrito en Materia Administrativa también se negó a ordenar la suspensión de la obra.
    En un comunicado, la Consejería Jurídica local comentó que entre las razones para denegar la solicitud destaca que “suspender la construcción de la Supervía causaría daños y perjuicios a la sociedad, tomando en consideración que la Ley de Expropiación expedida por el Congreso de la Unión señala que una obra de este tipo es de ejecución urgente e inaplazable”.
    Además, el Tribunal Colegiado tomó en cuenta que, al suspender los trabajos, se contravendrían leyes cuyas normas buscan, mediante la expropiación y la justificación de las causas de utilidad pública, que se logre una mejora en las vialidades del Distrito Federal.
Por ello, argumentó la autoridad judicial, “el interés de la quejosa de que no se realicen las obras de construcción no debía prevalecer sobre el interés de la sociedad”.
La Consejería recordó que, en el curso del juicio, unas 14 personas que inicialmente habían firmado la solicitud amparo se desistieron luego que aceptaron la expropiación.
    Sin embargo, organizaciones que se oponen a la Supervía abrieron otro frente, esta vez ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que se clausure la obra mientras se define la situación.
     Abogados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y de la organización Litiga OLE afirmaron que de acuerdo con la ley federal en la materia, antes de autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales se requiere presentar un estudio de impacto ambiental.
Y sostuvieron que en el caso de la Supervía Poniente la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el cambio de uso de suelo sin solicitar esa valoración, como se ordena en el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
En rueda de prensa, Juan Carlos Arjona, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, afirmó que la concesionaria del proyecto, Controladora Vía Rápida Poetas, no ha presentado ese estudio.
     En su opinión, esa es razón suficiente para que, de acuerdo con la ley, la Profepa clausure la obra de conformidad con la ley ya mencionada.
Añadió que al realizar actividades en áreas naturales protegidas sin las autorizaciones legales correspondientes, la concesionaria comete un delito ambiental, por desmontar y destruir la vegetación natural.
Los abogados expresaron su confianza en que Hernando Guerrero, titular del organismo, hará cumplir la ley y, si no es así, de una vez adelantaron que recurrirán a la justicia federal.