CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de la Contraloría General del gobierno capitalino no ha recibido la notificación del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) sobre la resolución que favoreció a Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, para reducir de 20 a un año únicamente su inhabilitación para trabajar en el servicio público, a consecuencia de las irregularidades halladas en el diseño, licitación y construcción de la Línea 12 del Metro en 2014.

Cuestionada sobre la reducción de estas sanciones a funcionarios del sexenio del actual canciller, Marcelo Ebrard, en la capital mexicana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, evitó pronunciarse al respecto, sólo dijo que, en este tipo de procesos, “como en otros, puede haber esta situación, (pero) ya no depende del servidor público que establece la sanción (es decir de la Contraloría), sino de las siguientes instancias”. 

Sin embargo, recordó que hay sanciones penales que no tienen tiempo de restricción, y destacó que no sólo servidores públicos, sino también empresas, podrían ser investigadas. 

Información de la Contraloría revela que Horcasitas Manjarrez “ya cumplió” administrativamente su función, aunque su nombre permanece en el portal de la Secretaría dirigida por Juan José Serrano, dado que el fallo del Tribunal está “en trámite de cumplimiento”. De acuerdo con el procedimiento, éste debe notificar al Órgano Interno de la Contraloría para dejar sin efecto la sanción, y sólo entonces se retirará de la página de servidores públicos sancionados e inhabilitados.

En su edición 2323, que circula esta semana, Proceso publicó que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la sanción por 20 años de inhabilitación para Enrique Horcasitas, el TJACDMX la redujo a un año “por considerar que dichas irregularidades fueron ‘no graves’. La resolución del Tribunal contó con el voto de calidad de su presidente, Jesús Anlén Alemán, compañero de Horcasitas durante la gestión de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno del Distrito Federal”. 
           
En la misma edición, el semanario publicó que, de los 33 funcionarios inhabilitados en 2014 por la Contraloría capitalina, uno de ellos fue Juan Carlos Mercado Sánchez, quien contrató --pese a advertencias de riesgos-- los trenes con rodada férrea de la L12. Fue inhabilitado por 20 años y sancionado con 2.5 millones de dólares. Sin embargo, tras una larga batalla legal, obtuvo la nulidad del proceso en su contra. “Su antiguo jefe, Marcelo Ebrard, lo rescató, y hoy trabaja en la Cancillería, justamente a cargo de adquisiciones, arrendamientos y licitaciones”.
 

Sheinbaum: habrá sanciones penales

En su videoconferencia de este lunes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, prefirió no abundar en los procesos de exfuncionarios ligados a Ebrard Casaubón y enfocó su atención en lo que la actual Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México determine tras el peritaje y las investigaciones que realice. 

“Lo que sí puedo decirles en nuestro caso y esto es un compromiso con la ciudadanía, y estoy convencida que es un compromiso también de la Fiscal General de Justicia, que tanto en el caso de sanciones administrativas graves tiene que revisarlas ahora el Tribunal, aunque muchas de ellas fueron hace tiempo y ustedes saben que también hay tiempos en esto, pero las penales no”, aseguró.

La mandataria capitalina añadió que respecto de las sanciones penales “lo que sí puedo decirles es que se van a hacer las carpetas de investigación basadas en las evidencias que se muestren y, de acuerdo con la verdad y lo que salga de ahí, las responsabilidades que tengan que ser”.
      
Y reiteró: “No solamente a servidores públicos, porque también pueden estar involucradas empresas. Es todo, es todo”.

 Sheinbaum Pardo recordó que el colapso de una trabe en la Línea 12 ocasionó la muerte de 26 personas y más de 30 permanecen hospitalizadas. Entonces, subrayó, “es responsabilidad nuestra llegar a la verdad, saber qué pasó, decir las causas y, de parte de la Fiscalía, que se hagan las sanciones penales que tengan que hacerse”.

           El compromiso “de parte nuestra (es que) se va a mostrar todo lo que se haya revisado”, tanto por el peritaje internacional, el de la FGJ y el trabajo de revisión que haga el Colegio de Ingenieros de México, abundó.

            --¿Incluso si esta responsabilidad llega a tocar a exjefes de gobierno? –se le preguntó.

--Lo que establezca la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México –respondió.