XALAPA, Ver. (apro).- El gobernador Javier Duarte de Ochoa envió al Congreso local una iniciativa de ley para adicionar al Código Penal del estado el artículo 173 Bis, el cual incluye penas de 3 a 10 años de cárcel y multas de 500 a mil días de salario mínimo a las personas que incurran en actos de extorsión y secuestro virtual. De aprobarse la iniciativa, dicho precepto quedaría como sigue: “A quien con el propósito de obtener un lucro para sí o para otro, a través de una llamada telefónica o por cualquier otro medio electrónico, pretenda engañar a una persona haciendo creer que le va a causar daño a un tercero, se le aplicarán de tres a diez años de prisión y multa de 500 a mil días de salario. “La misma medida se aplicará a quien realice la llamada o envíe el mensaje electrónico y pretenda hacer creer al receptor que le causará  un daño, o que se ha privado de la libertad a una persona. El delito se perseguirá de oficio e incluye la prisión preventiva”. En la justificación de motivos, Duarte expuso: “Una de las conductas ideadas por delincuentes que operan en todo el país con impacto en nuestro estado es, sin duda alguna, la que se realiza mediante la utilización de llamadas telefónicas o mensajes electrónicos que con el objeto de obtener beneficios económicos indebidos, se valen del temor y angustia que causan en sus víctimas al amenazarlas con provocarles un daño en su persona, bienes, familiares o terceros, si no cumplen con las exigencias económicas que se les formulan”. El mandatario también propuso reformar los artículos 124 y 125 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz. El primero habla de instituir y organizar un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública como instancia colegiada de consulta. Dicha reforma pretende la prevención social del delito y participación ciudadana; sin embargo, dicha iniciativa facultará al propio Duarte elegir a quiénes integrarán este Consejo, además de que la propia ley faculta a los titulares de la secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia y los presidentes municipales de Xalapa y Veracruz para tener voz y voto en dicho consejo.