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Otorgan amparos a beneficiarios de fideicomisos eliminados por el Congreso

Familiares de desaparecidos y periodistas recibieron amparos contra la reforma del Congreso que eliminó 109 fideicomisos, y que eliminó con ellos los recursos para buscar a sus familiares o para su protección
domingo, 17 de enero de 2021

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (proceso.com.mx).­– Juzgados de Distrito en San Luis Potosí y Yucatán otorgaron dos suspensiones provisionales en contra de la reforma del Congreso que eliminó 109 fideicomisos públicos, mediante juicios de amparo interpuestos para proteger a integrante de colectivos de familias de personas desaparecidas y periodistas beneficiarios del Mecanismo federal de protección.

En un primer caso, el Juzgado Octavo de Distrito de San Luis Potosí resolvió otorgar la suspensión provisional en favor de Carmen Almanza, integrante del colectivo Voz y Dignidad de San Luis Potosí –fundado en el 2015 para buscar a personas desaparecidas–, para que siga recibiendo apoyos del Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral (FAARI) a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Hasta el 6 de noviembre pasado –cuando se decretó por las cámaras la extinción de los fideicomisos– este fondo era otorgado por el gobierno federal a través de la CEAV para medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas.

El apoyo puede ser empleado para gastos de alimentación, vivienda, transporte, gastos funerarios, viáticos para búsqueda de personas, gastos médicos y educativos y de restauración para proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes en familias impactadas como víctimas de delitos. Es decir, aplicarlos en lo que se traduzca en medidas de rehabilitación, restauración, compensación o satisfacción para dichas víctimas.

Con el apoyo del abogado Ricardo Humberto Preciado, para este colectivo se interpusieron dos recursos de amparo, uno particular y otro colectivo para 50 integrantes de la agrupación. En este último no se ha determinado la suspensión o no.

La suspensión provisional fue resuelta en ese juzgado el 23 de diciembre.

El colectivo agrupa actualmente a 300 personas y se encuentra realizando búsquedas aún cuando se interrumpió la asignación de apoyos que sus integrantes emplean para trasladarse a los puntos de exploración y hallazgos.

En entrevista telefónica, Guadalupe Mendiola –representante del colectivo– dijo que el próximo 20 de enero se llevará a cabo la audiencia constitucional en el Juzgado Octavo de Distrito de San Luis para que se resuelva si se concederá la suspensión definitiva, lo que sería un importante precedente para otros beneficiarios de este fideicomiso y otros que fueron extintos por el Congreso federal.

El colectivo agrupa a familias de San Luis Potosí y de otros estados vecinos como Tamaulipas y Veracruz.

“(Con el FAARI) nos ayudaban con viáticos para hacer búsquedas, alimentación y vivienda. Todo eso está suspendido, pero nosotros no dejamos de hacer búsquedas. Acabamos de terminar una semana de prospección en el municipio de Moctezuma (San Luis Potosí) donde encontramos un campo de exterminio bastante grande. Esto lo tenemos que continuar”, dijo la buscadora.

Aunque las brigadas incluyen a personal de la CNDH, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la FGR, la Fiscalía estatal y las comisiones de búsqueda del estado y la federación, en esta ocasión no participaron representantes de la FGR y de la Comisión Nacional de Búsqueda, “porque nos dijeron que no hay viáticos para ellos”.

En tanto, a las familias que buscan les han dicho en la CEAV “que ahora nos darán el apoyo por reembolso, que consigamos facturas porque el dinero lo va a manejar Hacienda.

Vamos a tratar de cumplir, pero eso es muy difícil, ¿cómo vamos a conseguir facturas o comprobantes si andamos en cerros o comunidades buscando? En algunos no hay ni bancos, menos quién de una factura”, describió Guadalupe Mendiola.

La mujer dejó en claro que estas condiciones no van a detener a los colectivos. Del 11 al 15 de enero realizaron esa primera prospección del año en Moctezuma, en una zona que es paso del tren. “Nos decían que entraban camionetas con gente armada, con familias, y luego salían solas. Era prospección, pero encontramos ya positivos al varillar, restos…”.          

A principios de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó las controversias constitucionales que interpusieron gobernadores de la denominada “Alianza federalista”, entre ellos los mandatarios de Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes y Nuevo León.

Un amparo para periodistas

En tanto, la organización Artículo 19 informó de una segunda suspensión provisional derivada de un juicio de amparo, concedida por el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, a favor de los periodistas Bartolomé Canché, Edwin Canché y Félix Bigman, todos beneficiarios del Mecanismo de protección federal para personas defensoras y periodistas, y quienes recibían apoyos del Fideicomiso del mecanismo.

Artículo 19 recordó que estos periodistas cuentan con medidas otorgadas “para hacer frente a múltiples agresiones que han sufrido con motivo de su labor informativa”, y que son acompañados por esta organización y por el Equipo Indignación, de promoción y defensa de derechos humanos en las denuncias penales que interpusieron contra particulares y funcionarios involucrados en tales agresiones.

Se explicó que la suspensión provisional ordena mantener las medidas de protección que tienen los tres periodistas, “pero no se estableció su alcance respecto a los recursos que precisamente son destinados para implementar dichas medidas”.

“El Juzgado de Distrito también tendrá bajo trámite y análisis el juicio de amparo en el cual resultará fundamental el estudio a fondo que se realice con el objeto de proporcionar una mayor protección a los periodistas”, dijo Artículo 19 en un comunicado.

Afirmó que la eliminación del Fideicomiso trae consigo “mayores obstáculos administrativos y pérdida de flexibilidad en la adopción de medidas ante situaciones inminentes de riesgo”.

A la fecha, la Secretaría de Gobernación no ha aclarado de qué manera se van a garantizar los recursos para atención a víctimas o protección de personas defensoras y periodistas en riesgo, puntualizó Artículo 19.

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