TOLUCA (proceso.com.mx).- Feministas que llevan meses a las afueras del Poder Legislativo en demanda de una despenalización del aborto en el Estado de México lanzaron nuevas acciones radicales con pintas y bombas molotov, a las puertas del edificio de la sede del Congreso Local causando daños al inmueble, por lo que el Poder Legislativo, con mayoría morenista en estos momentos, las denunció penalmente.

Los hechos se registraron por la mañana del sábado, desde las 5:00 horas, cuando un grupo de feministas con apoyo de hombres simpatizantes a su movimiento, iniciaron una nueva ofensiva contra la sede del Congreso Local, con bombas caseras que estrellaron contra los pesados portones de madera, provocando  conatos de incendio.

También realizaron pintas en los muros de la fachada principal en las que condenan la presunta pasividad de los legisladores y legisladoras, para atender sus demandas de fondo.

La despenalización del aborto es una demanda de diversas organizaciones y partidos, principalmente el PRD, que lleva años sin que se resuelva. Al menos cuatro iniciativas han sido congeladas por diversas legislaturas, incluida la actual que es administrada por Morena.

Durante el asalto se movilizaron los cuerpos de seguridad que resguardan la sede legislativa, quienes lanzaron chorros de agua desde la azotea, para intentar apagar el fuego que iniciaron las activistas y contener a las y los jóvenes  que participaron en el asedio.

En un comunicado, los diputados de Morena condenaron las acciones radicales de las activistas, las cuales llevan al menos tres meses en un campamento instalado a las afueras de la Legislatura, sin que sus demandas  sean atendidas, aunque la postura del Congreso local ha insistido en que se mantienen abiertos al diálogo.

Morena informó más tarde del inicio de una carpeta de investigación contra quien resulte responsable.

Aborto en Edomex

Actualmente el aborto en el Estado de México está considerado como un delito que puede ser sancionado con penas de 3 a 8 años de prisión y con multas que pueden ir de los 50 a los 400 días multa, de acuerdo con el artículo 248 del Código Penal Vigente.

Por su parte el artículo 149 del mismo ordenamiento señala que si el aborto lo causa un médico cirujano o partera, además de las sanciones anteriores se le suspenderá de tres a seis años en el ejercicio de su profesión, y en caso de reincidencia la suspensión será de veinte años.

A su vez el artículo 251 del Código Penal contempla al menos cuatro supuestos en los cuales un aborto no implicará sanciones contra la mujer, esto es: cuando el embarazo sea resultado de una acción culposa de la mujer;  cuando sea resultado de una violación; cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico y cuando a juicio de dos médicos exista prueba suficiente para diagnosticar que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves.

Esto último sólo con el consentimiento de la madre.

Por otro lado, aunque no existen cifras precisas, actualmente existe una enorme demanda de abortos legales de mujeres mexiquenses en la Ciudad de México.

El más reciente reporte del gobierno de la Ciudad de México sobre la interrupción legal del embarazo refiere que de enero a marzo del presente año se han realizado dos mil 612 procedimientos y en 2020, 11 mil 259.

Sin embargo, el dato más importante es que desde 2007 a 2021 (marzo) se han practicado un total de 234 mil 513 interrupciones legales de embarazo en la Ciudad de México y de estos, 62 mil 086, es decir, el 26%, corresponden a mujeres mexiquenses, que viajaron hasta la capital del país, para realizarse la interrupción sin correr riesgos de salud ni enfrentar cargos.