MONTERREY, NL (apro).– La negativa de un juez de distrito a concederle un amparo a Teresa Martínez, suegra del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, es el más reciente episodio de los intentos fallidos de personas cercanas a “El Bronco” de buscar protección de la justicia federal ante investigaciones y órdenes de aprehensión.

Integrantes de su gabinete y personas que forman parte de su primer círculo de convivencia han solicitado la protección constitucional luego de que el actual gobernador, Samuel García Rodríguez, emprendió acciones legales, como la presentación de denuncias ante las Fiscalías Anticorrupción y la General del Estado por desvíos de recursos y “robo generalizado” a las arcas estatales.

El pasado martes, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal rechazó la suspensión definitiva y consideró “sin materia el presente incidente de suspensión” promovido para evitar acciones de la autoridad contra la conocida como “Broncosuegra”, se señala en el expediente 203/2022.

María Teresa Martínez Galván, durante el gobierno de su yerno Jaime Rodríguez (2015-2021) fue acusada de haber empleado recursos estatales para su promoción como candidata sin partido a la alcaldía de Santa Catarina, en el 2018.

De igual manera, se descubrió que la también llamada Doña Tere estaba oculta en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde obtuvo un inesperado ascenso de último momento, antes de jubilarse, para obtener una mayor percepción en el retiro.

Así como Martínez Galván, su hija Adalina Dávalos también tramitó un amparo contra una posible acción de la autoridad, aunque le fue rechazado el 1 de abril por el juez federal, de acuerdo al expediente 236 /2022.

El arresto de Rodríguez Calderón el pasado 15 de marzo en General Terán, y su posterior encarcelamiento en el Penal de Apodaca 2, provocó que otros de sus colaboradores de primer nivel tramitaran amparos, que les han sido negados.

Entre ellos están Manuel González, exsecretario general de Gobierno y gobernador interino cuando “El Bronco” fue a su fallida campaña presidencial en el 2018.

También buscaron infructuosamente la protección de la justicia federal por presuntos desvíos de recursos la exsecretaria de Educación, María de los Ángeles Errizúriz, y el exsecretario de Administración y General de Gobierno, Enrique Torres Elizondo.

A Manuel Vital, exsecretario de Desarrollo Sustentable, también le congelaron sus cuentas bancarias a petición de Subsecretaría de Administración Tributaria del Estado (SATNL), por presuntas operaciones simuladas.

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de “El Bronco”, falló en tramitar un amparo para evitar que lo investigue la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, como acordó el juez primero de distrito en Materia Administrativa, en el expediente 565/2022, con fecha del 4 de abril.

Sobre el recurso promovido por el exzar anti covid-19, el órgano jurisdiccional lo consideró improcedente por considerar que “el requerimiento de información del oficio UIFE-CIFE-039/2022 de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente RAS-03/2022, se trata de un acto que no es de imposible reparación”.

A diferencia de todos ellos, “El Bronco” ha rechazado tramitar amparo después de haber sido encerrado por presuntamente desviar recursos estatales para obtener firmas de respaldo en su campaña presidencial.

Quien sí obtuvo protección fue Miguel Ángel Perales, exdirector de Protección Civil de Nuevo León, dependencia que ha sido señalada por el actual gobernador Samuel García como una de las que fue saqueadas en la pasada administración.