CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El arreglo institucional democrático de México se corroe frente a nuestros ojos. En la Cámara de Senadores se incluyó al último momento un artículo transitorio a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) y el 23 de abril, después de un largo debate, la Cámara de Diputados aprobó esta reforma impulsada por la bancada de Morena y sus aliados, a pesar de ser a todas luces inconstitucional. No obstante que la Constitución señala que el Pleno de la Corte elegirá entre sus miembros a su presidente cada cuatro años, y que los integrantes del CJF durarán cinco años en su encargo --en ambos casos sin posibilidad de reelección para el periodo inmediato posterior--, el Congreso aprobó ampliar dos años el periodo de la presidencia del primero y la duración del cargo de los segundos.

El ministro Arturo Zaldívar, quien como presidente de la SCJN debe ser un garante del orden constitucional y sería uno de los beneficiarios de la extensión de los cargos, ha optado por callar sus opiniones sobre este transitorio. Cuando se aprobó en el Senado, el ministro dijo que tendría que esperar a que concluya el proceso legislativo para emitir una opinión. Ahora ha dicho que no puede emitir su opinión porque eventualmente le correspondería a la Suprema Corte estudiar el asunto como una acción de inconstitucionalidad.

El presidente López Obrador, en cambio, sí ha hablado. Dijo públicamente que le parecería correcto que pasara el transitorio porque esto permitiría que Zaldívar implementara una reforma necesaria para combatir el nepotismo y la corrupción del Poder Judicial. Aseveró que confía en Zaldívar y que se necesita que sea él quien implemente la reforma. La teoría del presidente parece ser esta: para proteger el orden constitucional hay que violar la propia Constitución. Como la intención es noble, según AMLO, entonces es legítimo trastocar la carta magna. Pero las buenas intenciones son una base raquítica para fortalecer una democracia o para emprender una transformación política. Mejor que las intenciones, es el diseño institucional, y ese diseño ya está dado: el encargo de presidente de la SCJN dura cuatro años, el periodo de los integrantes de la CJF es de cinco.

¿El actual presidente de la Corte y del CJF debió haber rechazado desde el inicio esta ampliación? Y, ¿de qué manera esta ampliación de mandato daña la democracia?

Sobre el primer aspecto, una postura señala que Zaldívar ha hecho lo correcto en permanecer callado porque, como presidente de la SCJN, implicaría adelantar una opinión en un asunto que eventualmente llegará a la Corte, donde lo que opine puede influir independientemente de que él se excusara de votar en este asunto. Otros señalan que si hubiera manifestado su oposición a dicha reforma, eso hubiera evitado su aprobación, y el consecuente desgaste de las instituciones.

El debate no debiera ser sobre la calidad ética de Zaldívar, sino sobre su responsabilidad al haber jurado respeto a la Constitución. En diferentes espacios se habla ya del famoso prólogo que escribió Carpizo en el libro ‘La Responsabilidad Civil de los Médicos’, donde señala que Juan Luis González Alcántara Carrancá --ahora ministro de la Corte-- tuvo la posibilidad de que se reformara la ley para extender su mandato en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, porque así lo querían diputados y demás magistrados, pero --según las propias palabras de Carpizo-- no sucedió así por la oposición del propio ministro González Alcántara Carrancá.

Frente a la gran responsabilidad que tiene Zaldívar, su respuesta se antoja tibia. Ha dicho que él no buscó la ampliación de su propio mandato y también que tiene que ser “extraordinariamente respetuoso de los cauces institucionales” y que “la Constitución establece sus propios medios de defensa y control.” Estos motivos, según el ministro, justifican su silencio. En otras palabras, su argumento se resume a ser espectador de la erosión democrática: se deben respetar los procedimientos que establece la Constitución, incluso cuando mediante éstos se está corroyendo a la Constitución misma. 

Sobre el segundo punto, quizá parezca una exageración decir que dos años adicionales para el presidente del CJF y del pleno y dos años más para los integrantes de la CJF, no implican un demérito para nuestra democracia. Sin embargo, una democracia no se acaba de la noche a la mañana. Crecientemente, alrededor del mundo se ve que en distintos países la erosión se da poco a poco. Lo ocurrido con la LOPJF se da en un contexto en donde hay una serie de medidas que socavan la democracia por parte del Ejecutivo y de su mayoría legislativa: la creciente militarización, el aumento de la prisión preventiva, los ataques a la autonomía de la Fiscalía General de la República, el embate al INE, el ataque contra jueces que van en contra de políticas impulsadas por la Cuarta Transformación y contra la ONG Artículo 19 en plena mañanera, y otras acciones más.  Como lo demuestra la experiencia de otras erosiones democráticas, un enjambre de eventos pequeños y aparentemente aislados puede ser tan mortífero como un golpe único y veloz.

Valdría la pena tomar en cuenta lo que ha sucedido en otros países con partidos políticos dominantes que usan sus mayorías para debilitar los contrapesos institucionales. El ataque al Poder Judicial y la independencia del mismo suele ser una de las primeras víctimas de esta erosión democrática. En Turquía, por ejemplo, las reformas judiciales fueron claves para esta nociva transformación. Erdogan, el presidente que lideró este desgaste a las instituciones, impulsó una serie de reformas al poder judicial utilizando la mayoría que el AKP, su partido, tenía en el congreso, y la popularidad de la que gozaba.

De manera análoga en Hungría, bajo la égida del partido Fidesz, y en Polonia en años recientes bajo el gobierno del partido Ley y Justicia, partidos dominantes han debilitado la independencia del poder judicial mediante reformas que violaban el espíritu de la constitución aun cuando seguían los procedimientos legales correspondientes.

La politóloga Nancy Bermeo recalca el hecho de que todos estos cambios los hicieron “políticos electos democráticamente con un mandato popular fuerte”. Los cambios de Turquía se hicieron en un contexto en donde las élites políticas tradicionales gozaban de poca credibilidad y Erdogan de una aprobación popular alta. Una de las lecciones de los casos de erosión democrática como el de Turquía, Hungría y Polonia es que se pueden desmontar los contrapesos al poder ejecutivo mediante procesos legales, o con apariencia de legalidad. En otras palabras, se utilizan las herramientas de la democracia para debilitar a la democracia misma.

Como señalamos, estos procesos de desmoronamiento suceden lentamente, mediante un cúmulo de pequeños actos. Debido a la lentitud de la transformación, resulta difícil encontrar un momento en donde el desgaste institucional cruce una línea roja inequívoca: la ciudadanía y las élites políticas van aceptando la violación de normas. La erosión democrática sucedida en los países mencionados se dio con la aprobación popular de una ciudadanía harta de las élites políticas tradicionales, cansada de la corrupción de los partidos, e insatisfecha con los resultados de la democracia. Es una paradoja extraña que el ánimo de cambio de la ciudadanía de estos países desembocara en un acaparamiento del poder. ¿Por qué no utilizaron los líderes de esos partidos este ánimo para fortalecer la democracia y sus instituciones y no debilitarla?

En México esta parte de la historia apenas se empieza escribir. La democracia ha sido erosionada en otros sexenios también con nombramientos en altos cargos en cortes y en la fiscalía que son cercanos al Ejecutivo. Se ha erosionado con la simulación de organismos autónomos que terminan cediendo al poder del presidente, y de igual forma históricamente así ha funcionado el poder judicial. El deterioro de la democracia no es algo nuevo ni exclusivo de este gobierno y, frente a esta erosión, el papel más importante lo juegan las y los ciudadanos que pueden ser el mejor contrapeso, pero también servidoras y servidores públicos que están conscientes del peso que puede tener en una democracia el silencio o la aceptación de procesos que la carcomen. La inacción de quienes están al frene de instituciones nos podría salir muy caro.