Revista Proceso

Yaquis cuestionan la disculpa de López Obrador

En entrevista para Proceso, los yaquis Fernando Jiménez Gutiérrez y César Cota Tórtola, defensores del territorio y opositores al Acueducto Independencia, insisten en que esa obra, surgida durante la gestión de panista Guillermo Padrés Elías (2009-2015) debe desaparecer.
lunes, 4 de octubre de 2021

El 28 de septiembre, en una reunión con representantes de los ocho pueblos yaquis en Vícam, Sonora, el presidente López Obrador les pidió perdón por los agravios que han recibido del gobierno y aprovechó para presentar su Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. Pero algunos representantes de la tropa yoremia, que lleva décadas defendiéndose de los despojos de autoridades y mineras, le pidieron cancelar el Acueducto Independencia, que los está dejando sin agua, y averiguar bien cuáles son sus problemas; de lo contrario, le dijeron, de poco vale pedir perdón.

(Proceso).- El pasado 28 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Vícam, Sonora, la primera cabecera de los ocho pueblos yaquis, donde pidió perdón a la tribu por “los crímenes de Estado que se cometieron contra sus antepasados, sobre todo durante el Porfiriato”.

En el acto protocolario donde esbozó el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, López Obrador afirmó que se restituirán hasta 20 mil hectáreas; se implementará un plan hidráulico en el que se invertirán 6 millones de pesos, se darán mil 500 créditos para vivienda y se impulsarán la educación y los servicios de salud.

Su gobierno, dijo, intenta “reparar, en la medida de lo posible, el daño que se ha cometido a los pueblos yaquis”. Y firmó el decreto presidencial mediante el cual se creará el Distrito de Riego 018 y se transferirá su administración a las autoridades tradicionales de los pueblos yaquis.

Sin embargo, el Distrito de Riego 018-Colonias Yaquis existe desde hace más de 60 años. Fue construido en la primera mitad de la década de 1950 como apéndice del Distrito de Riego 041-Río Yaqui, el cual está compuesto por las presas La Angostura, El Novillo y El Oviáchic.

Al menos desde 1979 la tribu yaqui demandó la administración y la operación del DR 018. Eso provocó un conflicto con el Instituto Nacional Indigenista, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y el Banco Rural durante la administración de José López Portillo.

El investigador Gustavo Luna Escalante, en su estudio Derechos, usos y gestión del agua en el territorio yaqui, escribió que esa petición “implicaba tener el manejo y control, por parte de la tribu yaqui, de uno de los insumos más importantes que era el agua para riego, y al encontrar la oposición de la institución, se exigió su expulsión del territorio”.

Esa solicitud fue recurrente en las administraciones posteriores, lo que modificó de manera drástica el panorama hídrico en las últimas ocho décadas, tanto por las condiciones climáticas como por la construcción del sistema de presas que se alimentan del río Yaqui. Lo anterior provocó un alto estrés hídrico en las subcuencas, lo que ha colocado a la tribu yaqui en una condición de injusticia hídrica persistente, según el peritaje antropológico elaborado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 2014.

Para los yaquis que se oponen al despojo del agua en sus territorios, la verdadera justicia avanzará con la cancelación del Acueducto Independencia, el cual opera desde hace ocho años trasvasando agua de la cuenca del río Yaqui al de Sonora para proveer agua a la ciudad de Hermosillo sin una resolución de impacto ambiental adecuada.

Los desacatos

En entrevista para Proceso, los yaquis Fernando Jiménez Gutiérrez y César Cota Tórtola, defensores del territorio y opositores al Acueducto Independencia, insisten en que esa obra, surgida durante la gestión de panista Guillermo Padrés Elías (2009-2015) debe desaparecer.

A partir de entonces los yaquis comenzaron sus movilizaciones populares, relata el topógrafo Jiménez Gutiérrez: “En 2010 llegamos a bloquear la carretera (México-Nogales); en 2011 fuimos reprimidos por primera vez por la fuerza pública del estado: fuimos amenazados y algunos compañeros fueron presos. Desde allí empezamos a reorganizar la lucha”, que incluso llevaron al terreno legal.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2344 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.

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