El asesinato de dos jesuitas en la Sierra Tarahumara cimbró a la Iglesia católica, por lo que ésta ha comenzado a crear los Conversatorios por la Paz en los que presumiblemente participarán no sólo ministros de culto, sino también organizaciones de la sociedad civil, políticos, académicos y empresarios que dan por sentado que la estrategia lopezobradorista contra el crimen organizado no funciona.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Al margen del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la jerarquía católica ya empieza a implementar los llamados Conversatorios por la Paz, espacios de reflexión donde distintas “comunidades” del país plantearán sus problemas relacionados con la violencia provocada por el crimen organizado, y los cuales constituyen un paso más en el ambicioso proceso de pacificación impulsado por la Iglesia, a raíz del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara. 

Organizados por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Compañía de Jesús y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (Cirm), estos conversatorios concluirán a mediados del próximo año con un encuentro nacional donde participará no sólo gente de la Iglesia sino también actores políticos, organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios y otros sectores de la sociedad.

Se prevé que para entonces haya propuestas concretas de la sociedad civil para alcanzar la paz, ante el fracaso de la estrategia militarista de seguridad emprendida por López Obrador, quien se negó rotundamente a cambiarla, como se lo pidieron los obispos mexicanos.

El sacerdote Mario Ángel Flores Ramos, director del Observatorio Nacional de la CEM y miembro del equipo coordinador de los Conversatorios por la Paz, comenta: “Los conversatorios serán una reflexión de las propias comunidades para identificar qué problemas concretos tienen en su entorno cercano, ahí mismo donde viven. Algunas podrán detectar el trafico de drogas, otras el consumo, la extorsión, el secuestro, el cobro de piso o la cooptación de los jóvenes y adolescentes por parte del crimen organizado. Cada una tiene sus particularidades. 

“La intención es tomar conciencia de que las cosas no están funcionando… y de que el gobierno, cuya responsabilidad constitucional es dar seguridad a la población, no está cumpliendo con su tarea. Pero los ciudadanos también tenemos responsabilidad. Por ello, estos conversatorios también buscan identificar cuáles son nuestros compromisos, para no conformarnos con contemplar lo que sucede, sino planear acciones para cambiar la situación.”

Exrector de la Universidad Pontificia de México, Flores Ramos indica que, por lo pronto, la Iglesia pondrá a disposición sus parroquias, escuelas, universidades y otros espacios, para que ahí se realicen los Conversatorios por la Paz, donde cualquier ciudadano puede participar en esos diálogos, anunciados el pasado miércoles 21 de septiembre, Día Internacional por la Paz. 

Y aclara: “No se trata de un diálogo con el actual gobierno, pues ya sabemos que éste en ningún momento ha abierto sus puertas para dialogar, más bien ha mantenido un monólogo y una reducida capacidad para analizar las cosas. De ahí que ahora, ante la situación de violencia que vive México, la Iglesia decida levantar la voz e impulsar esta reflexión desde los barrios y las comunidades para mejorar la situación del país”.

En pos de nuevas herramientas

El objetivo y la metodología de estos diálogos están plasmados en el documento Conversatorios por la Paz; un camino hacia el encuentro nacional de justicia para la paz, elaborado por la CEM, la Cirm y la Compañía de Jesús. Ahí se especifica que esos conversatorios se darán solamente “en el ámbito local para recuperar la sabiduría de la ciudadanía en los temas de paz, justicia y seguridad”.

Y plantea Flores Ramos: “La complejidad de la violencia que daña la seguridad y la convivencia social requiere de herramientas que posibiliten la búsqueda y aplicación de alternativas viables para restablecer la paz. Por esta razón proponemos la realización de los Conversatorios por la Paz, que son espacios participativos de diálogo donde se comparten experiencias y se construyen aprendizajes para prevenir la violencia en los diferentes niveles de vida”.

Estos “diálogos sociales” –señala– pretenden ser “un camino para iniciar o fortalecer proyectos locales de construcción de paz, prevención de violencia, reconstrucción del tejido social o seguridad comunitaria”. De ahí que intentan beneficiar a distintos “ámbitos”, como pueden ser “hogar, familia, calle, escuela, trabajo, grupo, sociedad”.

Propone seis “conversatorios”, cada uno con su respectivo “tema” para reflexionar: “La comunidad que soñamos”, “Causas de la violencia”, “La familia como base para la construcción de la paz”, “Los vecinos como la familia extensa”, “Cuidar la armonía de la creación es cuidar nuestra propia armonía” y finalmente el tema de “La necesidad de repensar el sistema de seguridad y de justicia”.

Recomienda dividir los conversatorios en grupos no mayores de 20 personas, a fin de que todas puedan participar. Cada grupo tendrá un moderador y un relator que registre las conclusiones por escrito. Después, los relatores compartirán las síntesis de sus respectivos grupos para luego enviarlas al “plenario”. 

El documento también propone algunas “acciones” que pueden impulsarse a partir de los conversatorios, como la creación de “círculos vecinales”, “murales vinculantes”, “redes vecinales de solidaridad” y “redes vecinales de seguridad”. 

Sobre estas últimas dice: “Estas redes se construyen en sectores comunales como barrios, condominios u otros, para colaborar con las autoridades en las tareas de seguridad sin quitarle al Estado su función. Se trata de construir un espacio para evaluar las estrategias de seguridad y mejorar la comunicación entre ciudadanía y policía, para prevenir violencia y atender emergencias en la localidad”.

Mientras que en las cabeceras municipales del país propone crear un “concejo municipal de seguridad”, sobre el que comenta: “Se trata de un espacio de articulación de diferentes sectores sociales, como son autoridades civiles, autoridades religiosas, autoridades educativas, representantes vecinales de los distintos sectores, empresarios, Policía Municipal y Policía Estatal. En este espacio se construyen diagnósticos de seguridad y se definen estrategias para atender los factores de riesgo”. 

El documento de 35 páginas recalca que éstas son propuestas de la Iglesia, la cual, “ante los gritos de dolor de nuestro pueblo”, quiere colaborar y compartir sus experiencias con “los actores locales que desean construir procesos de paz en los territorios”. 

“Sólo una etapa”

En la entrevista, Mario Ángel Flores indica que los conversatorios son sólo una etapa de todo un proceso impulsado por la Iglesia para contribuir a la pacificación, el cual surgió a raíz del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, ocurrido el pasado 20 de junio en la Sierra Tarahumara y que hasta la fecha continua impune.

Tan pronto ocurrió el asesinato, la CEM y la Compañía de Jesús le pidieron a López Obrador que cambiara su fallida estrategia de seguridad. Y en respuesta –en sus conferencias mañaneras del 27 y 30 de junio– el presidente les aclaró muy molesto que no modificaría su estrategia, acusando además a la Iglesia de estar “apergollada por la oligarquía mexicana”, de ser hipócrita y “callar” ante las “masacres” perpetradas durante el gobierno de Felipe Calderón.

Ante la rotunda negativa de López Obrador, la Iglesia empujó por su cuenta, al margen del gobierno federal, el proceso de paz que comenzó en julio con la Jornada de Oración por la Paz realizada en los templos católicos en el transcurso de ese mes. Después, como segundo paso, esas jornadas se centraron en orar los domingos por sectores muy específicos afectados por la violencia (Proceso 2384). 

Por esas fechas la presidenta de la Cirm, Juana Ángeles Zárate, en entrevista con este semanario, anunció que la Iglesia no se conformaría con la oración y los golpes de pecho: “Iremos más allá de lo ritual y lo litúrgico, porque la pacificación no se logra con una jornada de oración. Debe trascender a acciones concretas. Nuestra intención es generar todo un proceso que nos lleve a la pacificación del país”, adelantó entonces la religiosa (Proceso 2384).

Y justo ahora, señala Flores Ramos, la Iglesia ya saltó de lo meramente litúrgico a la acción social. “Los Conversatorios por la Paz representan un tercer paso del mismo proceso, pero ya van más allá de la oración”, puntualiza. 

–¿Qué sigue después de los conversatorios? ¿qué otros pasos darán? –se le pregunta.

–Sigue después el Encuentro Nacional por la Justicia y la Paz, que será la culminación de los conversatorios y está programado para mediados de 2023, para junio o julio. Se saldrá del ámbito de las comunidades. Será un gran diálogo nacional al que se invitará a líderes de opinión, líderes sociales, a colectivos con un compromiso social, empresarios, gente de la academia, representantes de distintas iglesias y a sus organizaciones de laicos. 

Al Encuentro Nacional por la Justicia y la Paz –detalla– lo acompañarán cuatro encuentros regionales, todos en fechas y lugares aún por definir. Pero ya en esa etapa, en la que participarán expertos en temas de paz, saldrán proyectos en materia de seguridad para enviárselos a los tres niveles de gobierno. Y además se creará para entonces la Red Nacional de Paz, que articulará las distintas iniciativas.

–¿Saldrán entonces propuestas para cambiar la actual estrategia de seguridad, cosa que no quiere hacer López Obrador? –se le pregunta a Flores Ramos.

–Así es. Pero ya serán propuestas bien estructuradas y provenientes de la sociedad civil, más allá de los partidos políticos, pues será la sociedad la que llevará la pauta. Nosotros en la Iglesia sólo tratamos de sensibilizar y poner las bases. 

–¿En ese gran encuentro también podría debatirse la pertinencia de dejar al Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028? 

–Sí, por supuesto. Podría debatirse el por qué se quiere perpetuar al Ejército en esa función, siendo que en un principio el gobierno nos dijo que era sólo una acción de emergencia. Es el debate actual. Pero en el encuentro nacional también pueden surgir propuestas alternativas, por ejemplo: cómo organizar a las policías, en todos sus niveles, para que cumplan bien con esa función que les corresponde. 

Indica que la Iglesia, desde hace casi 10 años ha venido insistiendo en que la militarización del país no soluciona el problema de la inseguridad y la violencia. Y ahora lo sigue haciendo durante el gobierno de López Obrador, que ha fortalecido aún más la presencia militar. 

Agrega: “Todos sabemos que la Guardia Nacional, creada por este gobierno, no es la policía que se requiere ni está capacitada para convivir con los ciudadanos. Sabemos que son militares vistiendo un uniforme distinto. Es una fuerza del Estado que aquí y allá está reprimiendo”.

Pese a todo esto, se lamenta Flores Ramos, “el gobierno actual ya nos ha manifestado de mil maneras que no sabe escuchar y que no va a cambiar. Cuando la Iglesia le solicitó que revisara su estrategia de seguridad, su respuesta fue insultar a los obispos, llamándolos hipócritas y conservadores. Pero nosotros no vamos a enfrentarnos a este gobierno, ¡no! ¡no! El espíritu de la Iglesia no es de enfrentamiento ni de descalificación”. 

–Sin embargo, para lograr la pacificación se requiere combatir a la delincuencia organizada con la fuerza del Estado. Es ­inevitable el uso de la fuerza y, por tanto, de la colaboración del gobierno federal, del gobierno de López Obrador, en un proceso de pacificación.

–Sí, el gobierno federal forma parte del Estado, y necesita emplear la fuerza para poner orden y hacer respetar la legalidad. Pero tampoco debemos olvidar que es obligación del actual gobierno darle seguridad a la población, pero hasta ahora ha sido incapaz de desterrar la violencia criminal, al igual que los gobiernos estatales y municipales. No hay, pues, una respuesta institucional a la descomposición tan grande que estamos viviendo.

“Mire, el proceso de pacificación que hoy impulsamos es un proceso a largo plazo, no es algo inmediatista. De manera que va más allá del actual gobierno, que sigue empecinado en su monólogo. Por eso nosotros ya estamos pensando en los nuevos actores políticos: desde nuevo presidente de la República, hasta nuevos gobernadores, senadores, diputados y demás. Así como no nos dimos cuenta cómo llegamos a esta situación de violencia, tampoco sabemos cómo saldremos de ella. Debemos encontrar juntos una salida.” 

Por lo que respecta a la Iglesia, recalca que pone a disposición de la sociedad su infraestructura y su experiencia en labores de paz, como los llamados Centros de Escucha, espacios eclesiásticos donde se atiende a las víctimas de la violencia, o el proyecto Jesuitas por la Paz, centrado en la reconstrucción del tejido social de comunidades afectadas por la violencia (Proceso 2219).

Y el proceso de pacificación que hoy se empuja –reconoce– es “una propuesta muy ambiciosa y con un gran idealismo”, por lo que su futuro resulta incierto. “En un proceso como éste no todo está asegurado. Pero por lo menos ya hay un camino que se propone y una meta a alcanzar”, concluye.   

Reportaje publicado en el número 2396 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 2 de octubre de 2022.