CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al pronunciarse por la pronta aprobación de una Ley General contra las desapariciones forzadas y por particulares, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó la existencia de 855 fosas clandestinas en 18 entidades del país de las que se exhumaron mil 548 cadáveres del 1 de enero de 2007 a septiembre del año pasado. De acuerdo a información proporcionada por procuradurías y fiscalías locales, integrada en el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas, del que fue responsable el primer visitador, Ismael Eslava Pérez, dichas autoridades reportaron el rescate de mil 548 cadáveres, de los cuales se habían identificado a 796 personas. Al señalar que en la documentación del informe especial, realizado durante varios meses y que implicó, entre otras cosas, la elaboración de 589 oficios, el primer visitador destacó que los estados con mayor número de fosas reportadas oficialmente son Guerrero, con 195; Nuevo León y Veracruz, con 191 cada uno; Zacatecas, 83; Coahuila, 51; Colima, 35; San Luis Potosí, 34; Durango, 18; Jalisco, 17, y Sonora, 12. Entre los datos aportados por las fiscalías de Coahuila, Colima, Nuevo León y Veracruz, destaca que se exhumaron o localizaron 35 mil 958 “fragmentos óseos y/o humanos”, de los cuales 13 mil 825 corresponden al primero y 21 mil 874 al útimo estado. Eslava, quien expresó su “inconformidad e insatisfacción con la información remitida en diferentes momentos por los órganos de procuración de justicia de las entidades federativas del país”, apuntó que entidades en las que las autoridades no atendieron las solicitudes de información del organismo nacional fueron Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas, en tanto que en estados como Baja California, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y la Ciudad de México, “señalaron que no contaban con antecedente alguno relacionado” con el hallazgo de fosas. Llama la atención la falta de información a la CNDH sobre la situación de fosas en esos estados, toda vez que en el mismo documento se da cuenta de que entre algunos de ellos están entre los 11 que acumulan el 82.7% de los reportes de desaparecidos en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que hasta octubre del año pasado sumaba 29 mil 903 víctimas, de las cuales 28 mil 937 son del fuero común y 966 del federal. De los casos del fuero común, Tamaulipas tiene 5 mil 563 casos, seguido del Estado de México, con 2 mil 984; Jalisco, con 2 mil 523; Sinaloa, 2 mil 385; Nuevo León, 2 mil 374; Chihuahua, mil 933; Coahuila, mil 620; Sonora, mil 288; Guerrero, mil 155; Puebla, mil 080, y Michoacán, mil 029. En una amplia presentación del informe, que pugna por la conformación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, bajo un esquema muy similar al de la Comisión Nacional de Búsqueda, propuesta por familiares de víctimas, Eslava destacó que en un ejercicio de revisión hemerográfica, del 1 de enero de 2007 al 30 de septiembre de 2016, el organismo identificó mil 143 fosas clandestinas y la exhumación de 3 mil 230 cadáveres o restos humanos. Entre los reproches que hizo el visitador a los órganos de procuración de justicia consultados, es que no se proporcionó información clasificada adecuadamente en los diferentes tipos de desaparición, si eran forzadas o por particulares, extraviados no localizados o ausentes “para refereirse a todas aquellas personas de las que se desconoce su paradero”, por lo que para el organismo “resulta complejo conocer cuántos acontecimientos derivaron de una conducta delictiva imputada y/o cometida por agentes del estado o particuares y cuáles obedecen a otras circunstancias”. Sobre expedientes de desaparición forzada, Eslava dijo que a nivel federal se informó a la CNDH de la apertura de 137 averiguaciones previas, entre enero de 2014 y diciembre de 2015, de las cuales 62 se cerraron por incompetencia; se declararon 12 no ejercicios de acción penal, mientras que por información proporcionada al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, se sabe que hay seis sentencias. A nivel de los estados, la CNDH tuvo informacion de 260 averiguaciones previas por desaparición forzada hasta 2015, de las cuales, en mayo de 2016, 162 eran investigaciones en trámite; 19 en reserva; en 20 los agentes del ministerio público se declararon incompetentes; cuatro fueron enviadas al archivo; 20 más fueron declaradas como no ejercicio de acción penal, en una se llegó a un acuerdo de “no investigar”, y en 24 casos no se tuvo información de la situación jurídica. Del total de casos por los que las entidades federativas abrieron una averiguación previa, sólo fueron consignados nueve a autoridaes judiciales en los estados de Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nuevo Léon y Sinaloa, sin que al momento se sepa si existe una sentencia. En conferencia de prensa, al ser cuestionado por el número de quejas abiertas por la CNDH por desaparición forzada, Eslava se limitó a decir que el organismo investiga al momento 24 quejas, en las que estarían involucaradas tanto autoridades federales como estatales, como ocurre en Papantla y Tierra Blanca, Veracruz, en los que tres y cinco personas fueron víctimas de policías estatales el año pasado. En su informe, Eslava ofreció un diagnóstico de la serie de irrgularidades detectadas en las investigaciones sobre desapariciones, a partir de tomar una muestra de 100 expedientes ministeriales, en los que fue evidente las fallas estructurales así como que “los servidores públicos responsables de su integración no realizaron una investigacion pronta, exhaustiva e imparcial”. Tras reconocer la labor de familiares de desaparecidos y organizaciones sociales para “colocar en la agenda nacional e internacional” la problemática de las desaparicones en México, Eslava señaló que el organismo emitió 102 recomendaciones dirigidas al secretario de Gobernación, al Congreso del Unión, la Cámara de Senadores, gobenadores de los estados y jefe de gobierno de la Ciudad de México, el comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecuiva de Atención a Víctimas, a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México; a los titulares de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías y fiscalías generales de las entidades del país.