COLIMA, Col. (apro).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó de manera condicionada a la empresa trasnacional Peña Colorada la extracción de hierro dentro del proyecto minero denominado “Fase 4”, sobre una superficie total de 305 hectáreas en el municipio colimense de Minatitlán, que destruirá directamente 128 hectáreas de bosque. La resolución, fechada el 19 de enero anterior e incluida seis días más tarde en la gaceta de la Semarnat, fue dictada después de que el Consejo Estatal Forestal dio marcha atrás, sin mayores explicaciones, a la opinión técnica “no favorable” que había emitido originalmente sobre el cambio de uso de suelo para el desarrollo de las labores de la empresa. El proyecto aprobado por la dependencia ambiental consiste en un conjunto de obras y actividades asociadas a la actividad minera que la promovente lleva a cabo dentro de la Unidad Minera Peña Colorada, como la extracción de mineral a tajo abierto en cuatro áreas de explotación denominadas "Fase 1a y 4a" y "Fase 4b y Fase 6b" —donde se estima obtener un volumen “probado y probable de 95.8 millones de toneladas de hierro” durante los próximos 20 años—, así como una tepetatera con capacidad de almacenamiento de 121 millones de toneladas métricas secas de material estéril o de descapote denominada tepetatera sur. También se considera una zona de amortiguamiento o área de afectación parcial, polvorines, una subestación eléctrica móvil, una planta de tratamiento de aguas residuales, una planta potabilizadora, obras de canalización superficial como cunetas y vados, así como barreras de morillos y 10 gaviones. Por excepción, se prevé el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en una superficie total de 128.57 hectáreas, de las cuales 81.21 hectáreas corresponden a vegetación de tipo selva mediana subcaducifolia, 0.31 hectáreas a vegetación de galería y 47.05 hectáreas de vegetación de tipo bosque de encino. La empresa, filial de las trasnacionales Ternium- ArcelorMittal, de capital indio-italiano-argentino, considera una inversión total de 85 millones de dólares en Peña Colorada, de los que 79.5 millones corresponden a las áreas de explotación, 0.5 millones a la tepetatera y 5 millones a la subestación eléctrica, planta de tratamiento y planta potabilizadora. Según datos oficiales, en esta región se encuentran los yacimientos de hierro más ricos del país, que representan cerca de 40% de la producción anual de este mineral en México. La empresa inició los trámites ante la Semarnat en abril de 2017 y obtuvo la autorización nueve meses después. Durante el proceso, el Consejo Estatal Forestal --en su sesión del 17 de julio siguiente-- emitió una opinión “no favorable” al proyecto, en tanto la empresa no cumpliera una serie de observaciones relacionadas con las medidas de mitigación y compensación de daños ambientales, además de que se atendieran las inconformidades presentadas a través de un oficio por el ayuntamiento de Minatitlán y realizar una consulta pública con las comunidades establecidas en las zonas aledañas al proyecto. A principios de octubre, menos de tres meses después, el Consejo Estatal Forestal se reunió nuevamente para cambiar su opinión. En el oficio enviado a la Semarnat el organismo no mencionó los fundamentos detallados de esa rectificación. Expuso: "El Consejo Estatal Forestal, tomando en cuenta la información complementada y los comentarios y observaciones realizadas y los datos presentados por el promovente, concluye emitir opinión favorable al Documento Técnico Unificado (DTU-B) de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales del proyecto denominado ‘Fase 4’, promovido por el ingeniero Juan Antonio Aguilar Casillas, representante legal de la empresa Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada S.A. de C.V. municipio de Minatitlán, Colima, con una superficie total del proyecto de 305.57 hectáreas y 128.57 hectáreas de cambio de Uso de suelo en Terreno Forestal (CUSTF)". En la resolución de la Semarnat, un documento de 268 páginas, no se hace referencia a que se hayan atendido las observaciones del Consejo Estatal Forestal, principalmente las de tomar en cuenta las inconformidades del ayuntamiento y realizar la consulta pública en las comunidades de los alrededores. Cuando en octubre pasado se conoció el cambio de opinión del Consejo Estatal Forestal, el presidente municipal de Minatitlán, Horacio Mancilla González, denunció públicamente que algunos integrantes de ese consejo “se corrompieron por órdenes, por dinero, es más, vayan ustedes y pregunten, que ellos les digan y la empresa (Peña Colorada), que es corrupta y corruptora, por qué los corrompe”. Cuestionó: “¿Por qué mejor (la empresa) no se puso a cumplir lo que firmó? Le sale hasta más barato que andar dando mochada por debajo de la mesa. Quizá la próxima elección a nivel federal se está pagando con recursos de Minatitlán y a nosotros sólo nos van a quedar los destrozos, la contaminación y los problemas de nuestra gente”. El edil dijo entonces que de las 12 observaciones del Consejo Estatal Forestal, la minera sólo cumplió tres, pero “lo de fondo no lo atendió” y quedaron sin cumplir algunas de las más importantes, como reubicar la zona propuesta para la tepetatera, ya que “es un área bien conservada, con vegetación y presenta diversos escurrimientos, ocho arroyos y manantiales, los cuales se verán directamente afectados tanto por el cambio de uso de suelo, como por la propia actividad del almacén de El Terrero”. Tampoco se cumplió la consulta pública ni la atención de las inconformidades del municipio que “eran de aspecto meramente ambiental y otras de responsabilidad social. Por ejemplo, lo primero, el cuidado de nuestros recursos, que no nos jodieran los árboles, los bosques, los ríos, los manantiales, porque tenemos unos muy importantes por ahí junto al Platanar”, subrayó. Según cálculos del alcalde Mancilla González, el nuevo yacimiento de hierro que pretende explotar Peña Colorada está valuado en 20 mil millones de dólares. Posteriormente, la empresa Peña Colorada emitió un comunicado en el que negó “categóricamente cualquier práctica indebida de negocios y/o en su relación con algún funcionario de los tres órdenes de Gobierno”, pues “la empresa tiene implementada una política de conducta empresarial apegada a estándares internacionales que regulan la transparencia en el manejo de recursos, fomenta las prácticas anti-corrupción y regula la relación con funcionarios públicos”. En torno a los señalamientos sobre el supuesto impacto ambiental en 400 hectáreas, como lo señaló el alcalde, aseguró que el plan de minado para los próximos 15 años requiere un impacto gradual dentro de la propiedad histórica de Peña Colorada por hasta 128 hectáreas en ese periodo de tiempo, y a partir del tercer año del arranque de las actividades mineras, progresivamente se iniciará la reforestación de esas 128 hectáreas. Agregó que como medida compensatoria a la continuación del plan de minado se reforestarán al menos 128 hectáreas adicionales de terrenos localizados en el municipio de Minatitlán, que ya han sido impactados previamente por actividades ajenas a la empresa. De igual manera, sostuvo, para colaborar en la preservación de suelos forestales, Peña Colorada conserva voluntariamente desde hace tres años más de mil 200 hectáreas de suelos forestales en Minatitlán y Manzanillo, financiando y participando directamente en la conservación de esta superficie mediante el programa de Pago por Servicios Ambientales por Fondos Concurrentes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). En relación al valor económico de un nuevo yacimiento, negó que existan nuevos yacimientos que representen miles de millones de dólares, “como se ha informado de manera irresponsable” a la opinión pública y medios de comunicación. “Las reservas de mineral de hierro remanentes en la propiedad privada de Peña Colorada en Colima son de baja ley, sin embargo, una operación industrial de excelencia, una mano de obra calificada, una privilegiada ubicación geográfica y una infraestructura adecuada se conjugan para generar un producto de alto valor agregado a costo competitivo para abastecer la cadena siderúrgica nacional”, puntualizó. Refirió que desde su nacimiento hace 42 años en Minatitlán y Manzanillo, Peña Colorada contribuye de forma fundamental con el desarrollo económico de los municipios donde opera, del estado de Colima y del país, ofreciendo empleos directos e indirectos a más de 3 mil trabajadores, proveedores y contratistas, quienes son el recurso más importante de la empresa. Firmada por el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, Alfonso Flores Ramírez, la autorización del proyecto en materia ambiental fue acompañada de una serie de condicionantes para la mitigación y la compensación de las afectaciones al entorno natural como consecuencia de la actividad minera en esa zona. Algunos de los puntos tienen que ver con la implementación de un Programa de Restauración y Reforestación de las áreas afectadas, mediante el cual la empresa deberá restaurar, s través de la compensación, la superficie autorizada de cambio de uso de suelo forestal ya sea “in situ o ex situ”. Asimismo, determinó la Semarnat, “considerando que el impacto ambiental generado por la pérdida de la vegetación que se removerá, no tan solo repercute a nivel de pérdida de servicios ambientales y hábitats, los cuales forman parte de los sitios donde habitan especies en alguna categoría de riesgo, sino también trasciende en la captación de agua de lluvia, humedad, retención de carbono, entre otros (…), la restauración deberá ser de cinco veces la superficie afectada”. La dependencia también estableció que deberán realizarse acciones emergentes cuando la sobrevivencia de los ejemplares de flora silvestre reubicados sea menor al 85% del total de los individuos rescatados, considerando un período de seguimiento de por lo menos diez años o hasta que, derivado de los resultados obtenidos, se justifique que ya no es necesario continuar con el seguimiento. En relación con la fauna, la Semarnat solicitó la ubicación de los sitios propuestos para reubicar o liberar las especies rescatadas; especies susceptibles de rescate y criterios para seleccionarlas; acciones y/o actividades de ahuyentamiento para especies de rápido y lento desplazamiento, y otras especies de interés ecológico o endémicos; descripción detallada de las técnicas y procedimientos de captura o rescate, manejo, traslado, así como conservación, resguardo temporal o, en su caso, readaptación a su nuevo hábitat; y de liberación y reubicación de las especies tales como mamíferos, reptiles y aves.