Reforma electoral: los entresijos de la ley

El diputado y promotor de la iniciativa, Sergio Gutiérrez Luna. Foto: Tomada de Twitter @Sergeluna_S El diputado y promotor de la iniciativa, Sergio Gutiérrez Luna. Foto: Tomada de Twitter @Sergeluna_S

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx). – Desde 1988 a un proceso electoral federal, le viene luego una reforma. La reciente elección del presidente Andrés Manuel López Obrador parece no ser la excepción, con la diferencia de que ahora la propuesta de modificar el sistema electoral viene del partido en el poder.

El 7 de marzo, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una iniciativa de reforma que modificarían los artículos 40, 41, 99, 116, 122 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta del legislador no es la primera iniciativa en materia electoral. En lo que va del año, se han presentado 110 propuestas sobre este tema en las Cámaras de Senadores y Diputados; 31 han sido formuladas por legisladores de Morena.

Pero la iniciativa de Gutiérrez, suplente del diputado Horacio Duarte –hoy subsecretario de Empleo en la Secretaría de Trabajo– es la única que ha propiciado un caudal de reacciones de todas las fuerzas políticas, así como de investigadores y analistas en la materia, en buena medida porque Gutiérrez impulsó un foro de “Parlamento Abierto” en la Cámara de Diputados para hablar sobre el tema.

El proyecto plantea en lo general que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) quien desarrolle las actividades de los procesos electorales locales, la extinción de los Organismos Públicos Locales (OPLES) y la reducción en un 50% del financiamiento de los partidos políticos.

Todo, según el legislador morenista, porque “la gente que votó en el pasado proceso electoral federal quiere un aparato electoral austero, del Estado Mexicano y no del poder ejecutivo”.

En entrevista, Gutiérrez Luna dice que el objetivo es simplificar los procesos, porque esa bancada ha detectado que en el actual sistema electoral hay “duplicidad de funciones y traslape de estructuras”, por lo que buscarán generar una reducción significativa sin perder la eficacia de los procesos electorales.

“En la evolución de los procesos electorales generados sobre todo por la desconfianza de todos los actores, se ha encarecido la democracia y nosotros creemos que es momento de hacer un alto porque el mandato de la ciudadanía es que quiere un aparato estatal austero”.

Los conceptos de austeridad están propuestos por el diputado y agregados en los contenidos de los artículos 116, 122 y 134.

El consultor electoral Arturo Espinosa Silis señala que el manejo de la austeridad en materia electoral es una constante entre los legisladores de Morena y en la realidad “una necesidad, pero tiene que ser ejecutada de manera inteligente. Lo que no podemos es sacrificar los costos intangibles de la democracia: la certeza, la equidad, la alternancia. Y no estoy seguro de que algunos puntos de esta propuesta representen un ahorro significativo”.

El miércoles 19, al término de la segunda sesión del Foro para la Reforma Electoral, al que convocó el diputado Sergio Gutiérrez, la dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Massieu, dijo “nadie se opone a la austeridad pero no debe ser un fin que se busque sin tener en mente para qué sirven las instituciones. Necesitamos evitar las involuciones”.

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En el detalle, la iniciativa del diputado morenista sugiere modificaciones al artículo 41. La primera de ellas: reducir a la mitad los recursos que se le destinan a los partidos políticos.

El proyecto detalla que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades de los partidos “se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y tres por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”. En la ley vigente, esa unidad es de 65.

Lo resultante se distribuirá como se hace en la actualidad: treinta por ciento entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

Con esa fórmula, que en lo general resultan menos recursos, Morena sería el único partido en recibir significativamente más recursos, al haber obtenido la mayoría de votos en la pasada elección.

Pero es el Apartado A del artículo 41 el que generó la reacción de los partidos políticos, de funcionarios INE y especialistas. Y es que se trata de la intención de desaparecer los Órganos Públicos Locales (OPLES) y adjudicar esas tareas al INE.

La propuesta del diputado plantea que “El Instituto Nacional Electoral, contará con un consejo local en cada entidad federativa, que estará integrado por cinco consejeros locales, un secretario ejecutivo local y representantes de los partidos políticos; los consejeros locales durarán en su encargo seis años, sin posibilidad de reelección”.

El legislador justifica la extinción de los OPLES, porque en 2018 tuvieron un presupuesto de 14 mil millones de pesos para su sostenimiento y organizaron 24 elecciones “y se encontraron algunas inconsistencias en su labor”.

Gutiérrez Luna señala que esas facultades serían absorbidas por el INE y así se generaría un ahorro de entre 7 mil y 9 millones de pesos anuales.

“En años no electorales, la estructura del INE es de 17 mil empleados en todo país. Nosotros creemos que esa estructura en años no electorales se puede encargar de otras cosas, por ejemplo al registro de partidos locales nuevos, algún ejercicio de democracia directa. En la actualidad el INE ya realiza muchas de las funciones locales derivado de la reforma 2014, solo queremos completar el tramo para que haga todo”, asegura el legislador.

El martes 18, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, señaló que esa institución, “no puede organizar simultáneamente las 32 elecciones locales y, además, las federales”.

Durante la inauguración del Foro de Reforma Electoral, Córdova dijo que “no se toma en cuenta la geografía electoral, actualmente conformada por 300 distritos electorales que no corresponden territorialmente con los 576 consejos distritales locales, ni con los mil 903 consejos municipales”.

Para la exconsejera Presidenta del Instituto Federal Electoral, María Marván, la realización de más elecciones se tendría que traducir en más recursos. En entrevista, Marván explicó que los OPLES viven hoy de los presupuestos de cada uno de los estados. “Si estos organismos desaparecen, se traducirían en un ahorro sí para los estados, pero el INE necesitaría muchos más recursos para hacer esas funciones”

La iniciativa del diputado morenista tampoco plantea si esos recursos serían transferidos desde las entidades federativas a través de sus congresos locales al propio INE o si es el presupuesto de la federación el que ejercería el gasto de todas las elecciones locales.

“Como país, creo que habría un ahorro, pero a la federación le saldría mucho más caro”, dice Marván.

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Otro párrafo de la propuesta del diputado Gutiérrez especifica que los consejeros locales serían “electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el procedimiento que establezca la ley”.

El miércoles 19, al término también del Foro en materia electoral, el dirigente del PAN Marko Cortés señaló que con esa propuesta se demuestra que “el ejecutivo quiere tener la cancha, el árbitro y el balón”, pues al tener una mayoría en la cámara de Diputados serían los legisladores de Morena quienes tendrían mayores facultades de elegir a los consejeros electorales.

“Queda clara la intención de irse metiendo en todas las instituciones y de debilitar la democracia y los del PAN no lo vamos a permitir”, sentenció el líder de Acción Nacional.
En el mismo sentido se manifestó el dirigente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda: “no es aceptable que una mayoría pretenda desmantelar una institución que le permito llegar al poder”.

La especialista en asuntos electorales María Marván apunta que la selección de los consejeros electorales por parte de los diputados, “en términos de trabajo es titánico”. “No sé a qué hora les va a dar tiempo de entrevistarlos a todos los que atiendan las convocatorias”.

Otro de los artículos que se que se pretende modificar es el 99, en que se pretende la participación de nuevos actores a cargo de la administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral

La propuesta señala que dichas tareas estarán a cargo de un Consejo de Vigilancia, que se integrará por el presidente del Tribunal Electoral, un magistrado electoral de la Sala Superior y otro de Sala Regional, designados por insaculación; y dos consejeros independientes designados por la Cámara de Diputados en los términos que señale la ley”. En la ley vigente, esas tareas le corresponden al Consejo de la Judicatura Federal.

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Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral calificó como positiva la intención de reducir el tamaño de las burocracias electorales que hay en el país, pero propuso otras alternativas como que las salas regionales que ya tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación absorbieran los Tribunales Electorales Locales o que la función de emitir la credencial de elector fuese ejecutada por otro órgano del estado mexicano como el INEGI.
“El objetivo de reducir el costo de la democracia es correcto, pero envolverla en este concepto de austeridad es innecesario, parece más una suerte de propaganda política de este sexenio”, expresó.

Ugalde advirtió que hacer una propuesta de reforma electoral desde el partido en el poder genera sospechas de los partidos de oposición, “por lo que sería más prudente posponer ese ejercicio”.

Apenas el miércoles 19, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina sostuvo que la reforma electoral no está en los temas urgentes de su agenda. El presidente dijo que dicha propuesta podría debatirse hasta después de la consulta para revocación de mandato.

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