CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de reunirse con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, ordenó el cierre de la oficina especial para investigar ese caso de desaparición forzada, abierta en diciembre de 2014. En un comunicado, el organismo informó que tras el cierre de la oficina especial, Piedra Ibarra “instruyó a la Dirección General de la Primera Visitaduría a encabezar los trabajos de acompañamiento y seguimiento” del caso Ayotzinapa.

Revisión

En el pronunciamiento, la CNDH recordó que desde que tomó posesión la ombudsperson anunció la revisión de la recomendación por violaciones graves 15VG/2018, realizada bajo la gestión de su antecesor, Luis Raúl González Pérez, misma que “sería analizada junto con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, con la finalidad de valorar el alcance de la misma y principalmente encontrar la forma de avanzar hacia una conclusión de las investigaciones”. De acuerdo con el comunicado, Piedra Ibarra “instruyó a la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos completar el seguimiento de la Recomendación y dio a José Martínez Cruz, director general de la Primera Visitaduría la encomienda de acompañar a los padres y familias de los normalistas desaparecidos en esta nueva etapa”. En el comunicado de la CNDH se advierten datos imprecisos sobre lo que oficialmente se conoce e investigó el organismo, de acuerdo con la recomendación 15VG/2018. Mientras es públicamente conocido que el 26 de septiembre de 2014, cerca de 80 normalistas de Ayotzinapa tomaron al menos cinco camiones con el objetivo llevarlos a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, para acudir a la movilización conmemorativa de la masacre de Tlatelolco, antes del episodio fatal del ataque y desaparición en Iguala, hechos en los que habrían participado presuntos integrantes del cártel de Guerreros Unido, así como, con diferente grado de responsabilidad, agentes policiales de distintas corporaciones estatales, municipales y federales, ante una inacción de integrantes del Ejército Mexicano, el comunicado de la administración de Piedra Ibarra sostiene una versión distinta. Según el comunicado, los estudiantes “viajaban en dos autobuses en el norte de Guerrero camino a Ciudad de México (cuando) fueron interceptados y uno de los vehículos con 43 normalistas desapareció tras un enfrentamiento contra policías municipales y miembros de la delincuencia organizada”.