Reforma eléctrica

Reforma eléctrica tiene implicaciones crediticias negativas para el sector: Moody’s

Moody’s  advirtió que, de aprobarse la reforma, es probable que desencadene disputas legales internacionales, afecte la competitividad entre las inversiones extranjeras y se aparte de las prácticas regulatorias previamente acordadas.
miércoles, 6 de octubre de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La agencia calificadora Moody’s Investors Service advirtió que la reforma al sector eléctrico propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es negativa en términos crediticios y crearía un mercado eléctrico más costoso.

“La iniciativa tiene implicaciones crediticias negativas para el sector porque podría disminuir la transparencia operativa, desalentar la inversión privada en la generación de energía, frenar la generación de energías renovables y probablemente aumentar el costo de la electricidad”, señaló la firma en un reporte.

La propuesta de reforma –añadió-- no sólo crearía un mercado eléctrico más costoso que aumentaría la necesidad de subsidios, sino que también impediría el progreso de México hacia el logro de sus objetivos de energía limpia.

De acuerdo con los compromisos del gobierno en mitigación y adaptación al cambio climático para el período 2020-2030, el objetivo de México es generar 35% de su energía a partir de fuentes limpias para 2024 y 43% para 2030, cifras superiores al 25.5% observado en el período enero-octubre de 2020.

Moody’s  advirtió que, de aprobarse la reforma, es probable que desencadene disputas legales internacionales, afecte la competitividad entre las inversiones extranjeras y se aparte de las prácticas regulatorias previamente acordadas. La propuesta se está debatiendo actualmente en la Cámara de Diputados, que tiene 180 días para aprobarla o rechazarla.

La iniciativa enviada por López Obrador es el tercer intento del gobierno de cambiar la forma en que opera el mercado eléctrico mexicano.

En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó la inconstitucionalidad de los cambios propuestos a las políticas energéticas existentes que tenían por objeto modificar las reglas de despacho de energía eléctrica, lo que sentó un precedente para futuras controversias.

De acuerdo con la agencia calificadora, la propuesta apunta a fortalecer el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y priorizando el despacho de energía eléctrica desde sus plantas generadoras, que incluyen centrales que utilizan combustibles fósiles, antes que centrales privadas de energía renovable y ciclos combinados, que suelen ser más limpias y baratas.

La iniciativa también establece que la participación del sector privado en la generación eléctrica se limitaría al 46% del consumo total de electricidad, frente al 62% actual.

“Esto se lograría mediante la cancelación de los permisos de generación de energía y los acuerdos de compra de energía, así como la invalidación de las plantas de autoabastecimiento, los productores de energía independientes y las plantas a las que se adjudicaron contratos de largo plazo mediante licitación”, explicó.

Según la Secretaría de Energía (Sener), los combustibles fósiles representaron aproximadamente el 74% de la generación eléctrica de México en el período enero-octubre de 2020, y de ésta, el gas natural representó alrededor del 81%.

La mala noticia es que México ha reducido la producción local de gas natural, y las importaciones representaron el 72% del consumo total de gas a junio de 2021, según la misma Sener.

“El fenómeno del vórtice polar en febrero de 2021 provocó un déficit de suministro de gas natural y un incremento de los precios, lo que generó sobrecostos de 2 mil 500 millones para la CFE, la mitad de los cuales fueron subsidiados por el gobierno mediante transferencia directa”, resaltó Moody’s.

En ausencia de mayores subsidios del gobierno federal, agregó, es probable que la liquidez de la CFE se debilite, ya que, por decreto, desde junio de 2021las tarifas solo pueden aumentarse de acuerdo con la inflación y no por los costos reales de la electricidad.

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