CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La agencia calificadora Standard & Poor’s ratificó las calificaciones soberanas de largo plazo en moneda extranjera del país ubicadas en 'BBB' y en moneda local de 'BBB+’, con perspectiva “negativa” y advirtió que la aprobación de la legislación sobre la electricidad tal como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la formuló, puede dañar el entorno empresarial y perjudicar la calidad crediticia.

En un reporte, la firma se refirió a las expectativas de “una controvertida enmienda constitucional” recientemente propuesta para reconfigurar el sector de la energía eléctrica y fortalecer la presencia de la CFE a expensas de la participación privada.

“Parece que el debate en el Congreso sobre esto no se hará sino hasta el segundo trimestre de 2022, después de un posible referendo sobre el mandato del presidente López Obrador hasta ahora o algunas elecciones locales para gobernador”, acotó.

De hecho, en la evaluación política del presidente reveló que su índice de aprobación subió a 68% en noviembre, cuando marcó la mitad de su mandato.

S&P recordó que tras las elecciones nacionales (para los 500 miembros que conforman el total de la Cámara de Diputados, para 15 de los 32 gobernadores estatales y casi dos mil municipios), el partido gobernante, Morena, y los miembros de su coalición obtuvieron la mayoría en la Cámara de Diputados y 12 gobernaturas.

“En general, la administración mantiene el control de la agenda legislativa, como se observa por la forma en que aprobó el presupuesto de 2022. Sin embargo, los avances del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) despojaron a la coalición de Morena de su supermayoría en la Cámara de Diputados”, explicó.

En ese contexto, señaló que los resultados de las elecciones pueden limitar la capacidad del presidente para avanzar con políticas más controvertidas en la segunda mitad de su mandato, ya que la administración necesitaría el apoyo de los partidos de oposición para aprobar cualquier enmienda constitucional

Además, agregó, existen diferentes interpretaciones de aspectos clave de la legislación desde la perspectiva del gobierno y de los inversionistas privados, particularmente en los contratos existentes.

S&P acotó que, a pesar de una severa recesión en medio de la pandemia, el gobierno dio prioridad a la estabilidad macroeconómica y financiera.

“Esto deja a los indicadores macroeconómicos en una posición más sólida que los de otros pares. Aunque está conteniendo el deterioro fiscal, el gobierno continúa buscando una ambiciosa agenda social, económica y política –que incluye apoyar a Pemex y a CFE”.

Sin embargo, matizó, “en nuestra opinión, señales políticas mixtas y una mayor centralización de la toma de decisiones políticas bajo la actual administración han socavado la percepción de los inversionistas privados y, con ello, la tendencia de las expectativas decrecimiento del PIB”.

La calificadora estimó un crecimiento del PIB real en torno a 5.8% para el presente año y de 2.8% en 2022.

Crecimiento, con inversión privada

Eso sí, dijo que la clave para fortalecer el crecimiento es una inversión privada más robusta.

“Algunas de las iniciativas de política del gobierno pesan sobre la confianza del sector privado y se han tensado las relaciones con este. En nuestra opinión, esto es resultado del escepticismo del sector privado sobre la estrategia de crecimiento de la administración, que incluye un mayor rol para Pemex y la CFE en los sectores de energía y electricidad”.

Sin embargo, recordó que representantes del sector privado continúan dialogando con el gobierno en paquetes relacionados con infraestructura, incluidos algunos proyectos en energía, así como en la reforma a las pensiones del año pasado y la reforma de la subcontratación.

De acuerdo con Standard & Poor’s el gobierno ha frenado en gran medida la reforma energética de 2013, aunque sigue cumpliendo los contratos existentes con empresas privadas, pero ha cancelado las futuras rondas de licitación hasta nuevo aviso.

“El gobierno ha limitado el alcance de las empresas privadas, confinándolas en gran medida a contratos de servicios y licitaciones limitadas para proyectos específicos”, insistió.

Por el lado de la inflación, la agencia calificadora espera una tasa promedio anual de 5.6% para el 2021 desde 3.4% en 2020.

Sin embargo, para el 2022 pronosticó una tasa anual de 5.4% ante el aumento de los precios mundiales de la energía y las materias primas, que, aunado a la sequía local, impulsaron la inflación no subyacente este año, al tiempo que los cambios en la demanda de bienes y servicios en medio de la pandemia y las presiones sobre la cadena de suministro afectaron la inflación subyacente.