MEXICO, D.F., 8 de septiembre.- El presidente Felipe Calderón, los gobernadores y funcionarios de las dependencias federales o estatales insisten en que el Estado no ha cedido terreno ante el poder del narcotráfico. Sin embargo, informes del Ejército y la Sedesol confirman que, en los municipios más pobres del país, la delincuencia organizada revienta los programas sociales secuestrando, matando y amedrentando al personal técnico, los médicos y los maestros que se atreven a entrar en sus feudos.

Flor Alicia Gómez López tenía 23 años y era maestra rural del pueblo chihuahuense de Tomochi. El 28 de noviembre a las tres de la tarde viajaba con otros jóvenes a una reunión a la que nunca llegó: los interceptó un grupo de encapuchados que, a tiros de cuerno de chivo, los obligó a detenerse, golpeó a sus acompañantes y a ella se la llevó. Un día después Flor Alicia apareció muerta de un balazo en la sien.

En septiembre pasado, apenas iniciado el curso escolar, fue violada y acuchillada la profesora de kínder Armida Imelda Parra, en el municipio de Guazapares. 

Los homicidios de las maestras rurales ocurrieron en la zona serrana de Chihuahua, pero bien pudieron suceder en cualquiera de las regiones consideradas “tierra de nadie”, donde los programas y servicios básicos de gobierno son interrumpidos por la narcoviolencia y en las cuales el trabajo puede costar la vida.

En esos lugares se tienen noticias de albergues escolares indígenas clausurados porque los narcos saquean los alimentos, roban las cobijas de los niños o queman las bodegas para amedrentar al personal; de estancias infantiles clausuradas por extorsiones a sus administradores; de dispensarios abandonados porque el personal médico huyó asustado; de maestras rurales violadas, amenazadas de muerte o asesinadas, como Flor Alicia –quien era sobrina de los líderes estatales de El Barzón y de la organización feminista Justicia para Nuestras Hijas– o la maestra Armida.

Esas regiones acumulan reportes de funcionarios que tuvieron que tragarse el miedo y fumarse sus propias pesadillas o abandonar el puesto de trabajo que, la mayoría de las veces, permanece vacante.

El problema no sólo lo reportan los maestros de la Secretaría de Educación Pública, médicos de la Secretaría de Salud y técnicos de la Secretaría de Desarrollo Social. Lo sufre también el personal de campo de la Secretaría de Agricultura y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como los encuestadores del Inegi.

En todos los casos el resultado es el mismo: los servicios básicos destinados a los mexicanos más pobres son suspendidos y se mantiene el ciclo de la pobreza que impide el desarrollo de esas regiones.

En 2008, el programa Piso Firme pasó de largo por la llamada “tierra caliente”. Los recursos para poner pisos de cemento en las viviendas de la gente que más lo necesita no se aplicaron en los municipios mexiquenses de Tejupilco, Tlataya y Luvianos, y en los michoacanos de Chinicuila y Tuzantla. Los presidentes municipales avisaron a la Sedesol que si querían mandar a sus operadores sería bajo su propio riesgo.

En marzo pasado –según informó La Jornada el 24 de abril– se suspendió la entrega de recursos del programa Oportunidades en los municipios duranguenses de Tepehuanes, Guanaceví y Santiago Papasquiaro.

Un mes antes, en la Unidad Médica Familiar 57 del IMSS, localizada en Tancítaro, Michoacán, un letrero en la puerta avisaba a los pacientes: “Se suspende el servicio por causas de fuerza mayor. Urgencias a Uruapan”.

La suspensión de servicios se decidió cuando el administrador de la clínica y un médico fueron secuestrados durante cinco días, y como respuesta al terror que vivía todo el personal por las constantes ejecuciones, levantones y tiroteos.

Se quedaron sin servicio 5 mil derechohabientes. En abril, la clínica reinició labores y estrenó personal porque ninguno de los empleados antiguos se quedó. “Estamos trabajando con normalidad desde el 1 de abril. Tenemos vigilante como en cualquier clínica y la policía se da sus vueltitas”, informó en una entrevista telefónica el nuevo administrador, Irving Cruz.

En algunas zonas, los jóvenes contratados por el gobierno para visitar domicilios se saltan comunidades peligrosas para no arriesgar el pellejo. Esto ocurrió, por ejemplo, durante el levantamiento del censo del Programa Alimentario para Zonas Marginadas (PAZM), destinado a proporcionar despensas a las comunidades más pequeñas, incomunicadas y marginadas. Varios técnicos regresaron de ahí pálidos del susto.

“Hicieron un levantamiento minucioso en las localidades alejadas marcadas por el Inegi, donde no operan Diconsa ni Oportunidades, y en unos casos encontraron casas abandonadas, o que las casitas registradas eran casas de caballerangos, o que unos de los poblados marcados eran ranchos de narcos”, informó un funcionario relacionado con el censo.

La delincuencia organizada también asoma la nariz en los caminos rurales, donde asalta los camiones de abarrotes de las tiendas de abasto rural o a los funcionarios que llevan las transferencias monetarias de los subsidios oficiales.

Este tipo de robos generalmente son adjudicados a la delincuencia común y no a bandas organizadas, pero los ilícitos se concentran en esos territorios perdidos, donde todo puede ocurrir.

Tierras sin ley

La joven yacía sobre el vidrio del auto chorreado de sangre. Ya estaba muerta, pero aún convulsionaba. Segundos antes, a la vista del médico que hacía su servicio social en esa comunidad serrana chihuahuense, su esposo le había disparado en la sien. 

“Doctor, la revive o lo mato”, le advirtió el asesino apuntándole con la pistola.

Esa noche el médico pidió a la policía que lo sacara de ese pueblo de traficantes de humanos y de drogas, y abandonó su servicio social. Ese mismo año, también en la sierra Tarahumara, otro médico pasante tuvo que darse a la fuga porque un narcotraficante celoso quiso impedirle a tiros que sacara a bailar a una muchacha.

“El balazo le tocó en la cabeza a otro. Lo trasladaron con vida (al pueblo de) San Juanito, ya no supe si vivió o murió”, recuerda el doctor Alfredo Lugo, que en ese entonces hacía su servicio en Bahuichivo, un pueblo vecino, y quien se enteró de lo sucedido a su colega antes mencionado.

Aunque esos macabros episodios sucedieron en Chihuahua, bien podrían haber ocurrido en varios estados del país. Según los informes oficiales y declaraciones en corto de funcionarios públicos, las zonas más conflictivas son Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Durango y Nayarit.

“Un pariente mío fue expulsado de la sierra por unos empistolados que le dijeron que no volviera. Él ya nunca más volvió a visitar las farmacias que le tocaba vigilar”, contó la familiar de un empleado de Cofepris, quien supervisaba municipios peligrosos de Sinaloa.

“Mi cuñado huyó del rancho donde era maestro porque el ambiente estaba muy pesado. Los narcos todo el día se drogaban, y un día para divertirse quemaron a un bebé por puro gusto. De inmediato él pidió su cambio, se fue asustado, quedó muy traumado”, narró una mujer que vive en el pueblo turístico de Creel, Chihuahua.

En las zonas en las que se enfrentan los cárteles rivales, sean de Chihuahua, Baja California, Durango o Sinaloa, los médicos particulares y de instituciones de gobierno han denunciado secuestros, extorsiones, asaltos y amenazas.

Es común ver a narcos deteniendo las ambulancias o irrumpiendo en los quirófanos para rematar a los heridos, o que los médicos, paramédicos y enfermeras protesten en las calles pidiendo seguridad para cumplir su trabajo, como ocurrió en Ciudad Juárez.

Los riesgos, según la Sedena

La interrupción de programas sociales por amenazas de grupos criminales no comenzó en este sexenio, pero ahora es tan frecuente que ya no puede ocultarse.

Desde 2001 la entonces Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, recibió el reporte de que se había cerrado un albergue infantil indígena porque unos narcos lo quemaron cuando los niños dormían adentro, pero afortunadamente los infantes fueron puestos a salvo.

Este caso ocurrió en Segórachi, municipio de Urique, en las barrancas chihuahuenses, pero la situación se repitió en otros tres albergues.

“El problema de los albergues es que llegaban y tomaban posesión de los insumos, alimentos, cobijos, y dejaban a los niños sin nada porque se los repartían a los jornaleros que cuidaban las siembras para que tuvieran comida”, explica la excomisionada.

De 2001 data también el estudio Producción, tráfico de estupefacientes y microrregiones prioritarias, elaborado por la Sedesol cuando su titular era Josefina Vázquez Mota y que identifica a los municipios pobres como lugares de fuerte producción y tráfico de drogas (Proceso 1664).

El documento (cuya existencia niega la dependencia) menciona como enclaves del narco a las zonas de Tierra Caliente y La Montaña, en Guerrero; La Mixteca y Los Chimalapas, en Oaxaca; Las Cañadas y Zona Selva, en Chiapas; La Huasteca y Zongolica, Veracruz; La Tarahumara, en Chihuahua; y Las Quebradas, entre Durango y Sinaloa.

El presidente Felipe Calderón y varios secretarios de Estado han negado que en México existan feudos del narco, pero en algunos lapsus las propias autoridades han reconocido esta realidad.

El 2 de junio de 2008, ante el presidente de la República, el gobernador guerrerense Zeferino Torreblanca agradeció la entrega de fertilizante y se comprometió a vigilar su aprovechamiento, ya que, confesó, “muchas veces es utilizado para la siembra de estupefacientes, ni siquiera es utilizado para el desarrollo de los más pobres”.

Una declaración que no a pocos dejó boquiabiertos fue la del titular de la Unidad de Enlace de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xavier Abreu: que la siembra de droga se ha convertido en la principal fuente de recursos económicos de unas 60 comunidades indígenas del país, principalmente de Guerrero, Michoacán y Chihuahua, e involucra a 50 mil indígenas.

Luego el funcionario se retractó y su oficina negó a Proceso los documentos en los que basó sus afirmaciones, a pesar de que el IFAI examinó el caso, dictaminó que sí existen y le ordenó que los entregara a este semanario.

Desde el 9 de abril de 2007, la Sedesol tiene un mapa actualizado sobre los territorios peligrosos, que le hizo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se titula Opinión para el programa de los 100 municipios más pobres del país.

En el documento, cuya copia tiene Proceso, el Ejército advierte a la Sedesol sobre los peligros de operar programas sociales en algunos de los municipios más pobres y relacionados con la siembra de estupefacientes, entre los que menciona a Chalchihuitán, Chiapas; Mezquital, Durango; Metlatónoc, Guerrero; El Nayar, Nayarit; así como San Juan Juquila y Cocicoyán de las Flores, Oaxaca.

Sobre Chalchihuitán, el Ejército señala: “En el municipio se ha registrado la incidencia del narcotráfico en su modalidad de siembra, detectada en áreas en las cuales mantiene presencia el grupo inconforme (el EZLN); sin embargo ésta no es de proporciones alarmantes, ya que ha sido combatida de manera oportuna por las autoridades correspondientes”.

Al mencionar El Nayar, advierte que “podría presentar riesgo en la implementación de programas de beneficio social por la presencia de grupos delictivos relacionados con el narcotráfico”.

Sobre Juquila y Cocicoyán informa que “bandas delictivas han incursionado a estas comunidades para la siembra, cultivo y venta de enervantes, siendo el medio de subsidio de sus pobladores”. Y remata con una observación a pie de página: “Existe gente armada que puede aprovechar la situación que se vive para cometer ilícitos como el robo de recursos federales”.

Llama la atención que en el texto no se mencionen los violentos municipios del llamado “triángulo dorado”, que son de extrema pobreza.

Al Mezquital, Durango, la considera “un área de siembra de amapola y mariguana con presencia de grupos armados aislados que se dedican al narcotráfico”, aunque aclara que “no toda la población se encuentra involucrada en esas actividades ilícitas”.

A continuación destaca: “Se puede implementar el programa de apoyo de la 
Sedesol con los riesgos que implica la presencia de grupos de narcotraficantes”.

Al analizar el caso de Metlatónoc, Guerrero, que es considerada la capital mexicana de la miseria, el Ejército comienza con una crítica a los gobiernos federal y estatal porque “no proporcionan los recursos adecuados” para superar los altos índices de pobreza, enseguida culpa a los pobladores por su renuncia “a integrarse a la sociedad desarrollada” y por la desconfianza que le tienen al Ejército, “a pesar de que se les ha explicado que las acciones que realiza son la destrucción de plantíos de amapola y mariguana”.

La opinión de la Sedena sobre este municipio es paradójica: “Se considera de riesgo trabajar en la zona (…), sin embargo, se considera necesario que la Sedesol aplique programas de ayuda”.

Ese es el problema: si se desatienden las regiones ganadas por el crimen organizado, se perpetúa la miseria y sus pobladores continúan enganchados en la cadena del narcotráfico.

Ni ver ni oír

Una mujer que trabaja en la red de guarderías comunitarias Casas de Cuidado Diario, quien atiende a hijos de madres juarenses sin seguro social, confirmó que algunas de sus compañeras que se inscribieron al Programa de Estancias Infantiles tuvieron que cerrar sus establecimientos porque fueron extorsionadas por personas que se decían integrantes de Los Zetas. Los niños se quedaron sin el servicio.

Una exvoluntaria de la Diócesis de La Tarahumara comentó que tuvieron que cerrar una misión en una comunidad serrana que se dedicaba a dar albergue a niños y niñas indígenas porque “los narquillos” del lugar querían “robarse” a las voluntarias que les gustaban. Otra vez los infantes fueron quienes pagaron el cierre.

La violencia de Ciudad Juárez ha ahuyentado a 120 maestros que el mes pasado pidieron su traslado a otro lugar por la violencia, a pesar del sobresueldo que percibían en ese municipio, uno de los que mejor pagan a los docentes. Al inicio del ciclo escolar, otros 40 profesores rechazaron la  oferta de irse a trabajar en primarias de ahí.

Lo mismo ocurre en el sector salud. “Ya ningún médico quiere venir a Juárez, nos hace falta cubrir 40% de las plazas y aunque el sindicato ofrece las vacantes por toda la República, nadie acepta venir. Y yo no los critico”, dice un médico de la clínica 35, una de las tres que atienden a los baleados.

Arturo Sáenz, el director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), el programa que envía bachilleres a los ranchos para que den clases a los niños en pueblos que carecen de maestros, dijo al periódico El Universal, el pasado 25 de marzo, que estaba negociando para que la gente del “triángulo dorado” le permita trabajar a los instructores comunitarios en esa zona, bajo la promesa de que “no oirán ni verán nada”. Admite que “para nadie es un secreto que donde nosotros estamos trabajando es donde se da mucho ese fenómeno (del narcotráfico), en términos de dónde están y dónde siembran”.

La secretaria de Educación de Chihuahua, Guadalupe Chacón, reconoció la semana pasada que las amenazas y agresiones de gavilleros contra los profesores de la región serrana obliga a los pasantes y servidores públicos a renunciar o a pedir su traslado.

“Esto afecta especialmente a mujeres, pues grupos de gavilleros o la gente que no está de acuerdo en que lleguen a la comunidad las empiezan a presionar para que salgan. (…) Los maestros son un sector que tradicionalmente ha sufrido riesgos, pues desafortunadamente se encuentran en lugares donde son sujetos de ataques que quedan en la impunidad, sobre todo porque son jóvenes maestros recién incorporados a un campo laboral y social riesgoso y difícil”, dijo la funcionaria tras el asesinato de la maestra Flor Alicia Gómez.

Este reportaje se publicó en la edición 1727 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 6 de diciembre.