CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Uno de los dos presuntos autores materiales del homicidio del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz, y de su chofer Erick Estrada, es líder de una célula del cártel de los hermanos Beltrán Leyva que opera en la región de La Montaña guerrerense. De acuerdo con el expediente 140/2011-II, al que la agencia Apro tuvo acceso, Antonio Jiménez Chino, El Fantasma, de 19 años, dirigía una célula de sicarios que opera en la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez, Tlapa de Comonfort y Chilpancingo, la capital del estado. Dentro de la célula criminal, Jiménez Chino, originario de la comunidad Jaleaca de Catalán, era conocido como Luis el Baleado. Según el documento, este sicario fue quien declaró que el alcalde de Tlapa de Comonfort, Willy Reyes Ramos, pagó 300 mil pesos a un sujeto apodado El Gordo, y que actualmente se encuentra prófugo, para que liquidaran al diputado federal priista. Esta versión, se indica en el expediente, es respaldada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) con otro testigo de “oídas”: una adolescente de 16 años, identificada como la novia de Antonio Jiménez, quien declaró ante la autoridad ministerial que su novio le platicó que había participado en la ejecución de “unas personas” por “encargo” del edil priista. Mientras tanto, en la causa penal 140/2011-II, relacionada con el asesinato del diputado federal que se encuentra radicada en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia con sede en esta capital, se indica que Antonio Jiménez Chino, El Fantasma, o Luis el Baleado, a sus 19 años encabezaba una célula de sicarios al servicio de una banda delincuencial que opera en esta capital y las ciudades de Chilapa y Tlapa, ambas ubicadas en la ruta carretera que une la zona de la montaña baja y alta de la entidad. El joven sicario, según el expediente al que Apro tuvo acceso, es originario de Jaleaca de Catalán, comunidad localizada en plena Sierra Madre del Sur, zona emblemática del narcotráfico en la entidad. Hasta antes de su captura radicaba en la ciudad de Chilapa, donde estaba al mando de “una patrulla”, un grupo de delincuentes encargados de recorrer la ciudad a bordo de vehículos con el objetivo de vigilar la plaza, proteger los puntos de narcomenudeo y confrontar a posibles adversarios. En el expediente se indica que Antonio Jiménez es sobrino de Florencio Jiménez Chino, el policía ministerial adscrito a la comandancia del municipio de Huamuxtitlán, y no su hermano, como se ha difundido desde la semana pasada, cuando fueron presentados como presuntos autores materiales del doble homicidio. A Florencio Jiménez la PGJ lo señala como la persona que brindó protección a los delincuentes que interceptaron y ejecutaron al diputado federal y su asistente entre los poblados de Huamuxtitlán y Xochihuehuetlán, la noche del domingo 4 de septiembre. Ayer por la mañana, el juez cuarto penal de esta capital, Abimael Rodríguez Nava, dictó esta mañana auto de formal prisión contra Antonio y Florencio Jiménez Chino, presuntos autores materiales del “homicidio calificado” del diputado federal y de su asistente.   Impiden declarar a Willy Reyes Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del director general de Control de Averiguaciones Previas, José Vélez Zapata, se negó a recibir la declaración ministerial del alcalde priista de Tlapa de Comonfort, Willy Reyes Ramos, bajo el argumento de que el edil enfrenta un proceso de desafuero en el Congreso local. Al respecto, Xavier Olea Peláez, abogado del edil priista señalado por la PGJE como autor intelectual del crimen del diputado federal, calificó este hecho como un acto ilegal, pues el juicio de procedencia que se lleva en el Congreso es un procedimiento distinto a la averiguación previa que integra el Ministerio Público del Fuero Común. La PGJ citó, para hoy al mediodía, a Reyes Ramos con el objetivo de que rindiera su declaración ministerial relacionada con la ejecución del diputado federal y su asistente, ocurrida en septiembre: Sin embargo, cuando el alcalde se presentó –una hora después de la cita fijada por el Ministerio Público– con su abogado en la oficina del director de Averiguaciones Previas, éste les informó que no podía tomarle la declaración en tanto el Poder Legislativo no resuelva la solicitud de desafuero que interpuso la Procuraduría, y que ayer fue turnada por el pleno legislativo a la comisión instructora en funciones de examen previo. En entrevista, frente a las instalaciones de la PGJ, al sur de esta capital, el alcalde tlapaneco insistió que la maniobra de la Procuraduría obedece a un “complot político” que tiene como objetivo dejarlo fuera de la contienda electoral del siguiente año por una diputación federal.