MÉXICO, D.F. (apro).- De 2011 a la fecha, el desplazamiento interno forzoso de personas por motivos de violencia alcanzó las 281 mil 418 personas, informó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH). Por ello, la organización civil exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto reconocer el problema y atender a quienes se han visto obligados a huir de sus lugares de origen. De acuerdo con la CMDPDH, la crisis humanitaria del desplazamiento forzoso se ubica en 14 de 32 estados de la República. La lista la encabezan Guerrero, Oaxaca y Michoacán. La Comisión contabilizó el fenómeno a partir de “la sistematización y análisis de estudios e informes desarrollados por académicos e instituciones dedicadas a la investigación”, así como un seguimiento hemerográfico del desplazamiento interno. Tras reconocer que los datos analizados son sólo una aproximación, pues lo recurrente es que “núcleos familiares pequeños abandonen su comunidad de origen” --comúnmente no se registran--, la organización civil resaltó que de las más de 280 mil personas que han registrado “un tercio corresponde a 141 casos de desplazamientos masivos”. Al explicar que el desplazamiento masivo se define como “el movimiento simultáneo de 10 o más familias de una misma comunidad, como resultado de un factor de expulsión común”, apuntó que en esos 141 casos se han desplazado 89 mil 859 personas. De ese total, 21% son originarias de Guerrero, 14% de Oaxaca y el mismo porcentaje de Michoacán, 12% de Sinaloa y 10% de Chiapas. Otras entidades en las que se ha identificado la expulsión de familias por la violencia son Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Morelos, Estado de México, Durango y, de forma limitada, en Tamaulipas, Coahuila y Veracruz. En los últimos tres estados “no se cuenta con información periodística disponible", destacó la CMDPDH. La organización resaltó que entre 2014 y febrero de este año, 9 mil 86 personas se movieron de sus lugares de origen en 23 casos de movimientos masivos. De acuerdo con la sistematización de la información hecha por la organización y su trabajo de campo, “las personas que han sido forzadas a desplazarse internamente no cuentan con mecanismos ni instituciones para su protección o asistencia”. La CMDPDH apuntó que a partir de su trabajo de representación de víctimas de abusos en varios estados “ha podido constatar que los gobiernos locales no tienen ni la capacidad ni la voluntad para garantizar y proteger los derechos de este sector de la población, como por ejemplo no investigan efectivamente los delitos que se comente en contra de la población que es forzada a desplazarse”. Ante ese contexto, la organización hizo un “urgente llamado al Ejecutivo Federal a reconocer que en México el desplazamiento interno forzado es un fenómeno que requiere de una cuantificación objetiva para dimensionarlo”. La precisión en las cifras, apuntó la CMDPDH, permitiría aplicar “medidas efectivas para proteger a las personas que se han visto obligadas a dejar su lugar de origen por motivo de la violencia generalizada o por violaciones a derechos humanos”. Por ello, la organización civil recomendó al presidente Enrique Peña Nieto invitar al relator sobre desplazamientos forzosos de la ONU para visitar el país, en congruencia con “su obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas en México”. La visita del relator a la brevedad, permitiría “auxiliar a las autoridades mexicanas en la compresión y atención del problema”, consideró la CMDPDH. Para la organización, en la atención de este problema también debe intervenir el Congreso de la Unión para que “legisle en la materia y tipifique al desplazamiento interno forzado como delito federal”.