CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Un grupo de hombres armados ingresó ayer al poblado de Sisoguichi, municipio de Bocoyna -uno de los principales de la Sierra Tarahumara-, y asesinaron a cinco hombres -un adolescente entre ellos-, luego de disparar con ametralladoras contra las viviendas y tiendas del pueblo. Además, se robaron cinco camionetas y gasolina. La Fiscalía Zona Norte emitió un comunicado en el que da a conocer que el grupo delictivo asesinó a cuatro personas y privó de la libertad a otros dos, pero personas de la región, confirmaron que ya apareció una de ellas muerta. Se trata del comisariado ejidal de Panalachi, Carlos Raúl Lozano, a quien dejaron muerto en el camino a Sojáwachi y lo encontraron esta mañana. Después de alrededor de tres horas de que ocurrieron los hechos, de acuerdo con pobladores, llegaron los agentes del Ministerio Público y de la Agencia Estatal de Investigación. En el comunicado, indican que los agentes llegaron al poblado y localizaron primero un vehículo incendiado atravesado en la carretera y metros más adelante estaba el cuerpo sin vida de un hombre. Al dirigirse a una vivienda, encontraron dos cuerpos más con impactos de arma de fuego y, en el hospital Tarahumara de Sisoguichi, les notificaron la muerte de un menor, que según la gente de la región, se llamaba Martín Adán Zafiro, era un adolescente indígena que cursaba primero de secundaria. La Fiscalía informó que los testimonios que recabaron indican que los civiles armados se retiraron de la comunidad, de donde se llevaron privadas de la libertad a dos personas y despojaron a lugareños de cuatro vehículos de reciente modelo. Las personas fallecidas fueron identificadas como Enrique Zavala, de 46 años, quien era sacristán de la parroquia y era famoso porque representaba a Judas Iscariote en los viacrucis de Semana Santa; Enrique Zavala M, de 14 años; y Jesús David Gutiérrez, de 36 años. Ellos tres, según pobladores, murieron por balas perdidas. La otra persona era Jesús Córdova de 40 años. Todos vivían en Sisoghichi. La Fiscalía General del Estado informó que  la Agencia Estatal de Investigación, la Comisión Estatal de Seguridad y la Guardia Nacional, realizan un operativo en la región en busca de los responsables de estos hechos. Los hechos se le atribuyen al grupo delictivo La Línea que desde por lo menos el año 2017 mantiene una pugna encarnizada por la tala de árboles, pues mantiene a ejidos y comunidades indígenas aterrorizadas para llevar a cabo el negocio de la tala clandestina como una de sus ramas delictivas. El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, confirmó a medios de comunicación de Chihuahua, que el ataque tiene que ver con el problema de la tala ilegal de la zona.

Antecedentes

Las comunidades del municipio de Bocoyna, al que pertenece la comunidad turística de Creel, han sufrido desde hace tres o cuatro años y con más saña, ataques violentos y amenazas, por los grupos delictivos que se disputan históricamente el trasiego de drogas y, en los últimos años, la tala ilegal del bosque de la Tarahumara. Desde 2018, los pobladores de la comunidad de Bawinokachi y del ejido de Panalachi han enviado oficios a las autoridades para explicarles su situación y pedirles que apliquen la ley y el año pasado, viajaron a la capital de Chihuahua casi de manera anónima por el miedo que tienen, para manifestarse contra los caciques y grupos delictivos, con el fin de hacer presión a las autoridades para que actúen. No ha sucedido nada. Ha crecido la impunidad y el terror. Los hechos delictivos relacionados con la tala y transportación de madera de forma ilegal se hicieron evidentes desde el mes de febrero de 2018, sin que la autoridad haga algo, denunciaron en un oficio fechado en diciembre de 2018, dirigido al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado; al coordinador estatal de Programas Sociales de gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa; Josefa González Blanco, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de gobierno federal; Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República; al fiscal de Chihuahua y a Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. El oficio decía lo siguiente: En la comunidad de Bawinokachi, así como en el ejido de Panalachi, desde el mes de febrero de 2018, se vienen presentando hechos constitutivos de los delitos de tala y transportación de madera, al realizarse esta sin autorización de ninguna autoridad, delitos que además de perseguirse de oficio. Han sido denunciados en las distintas instancias encargadas de atenderlo, del ejido Panalachi. Han sido alrededor de 200 camionetas de los llamados troceros sin los permisos correspondientes, y de la comunidad de Bawinokachi, de un predio posesión de la comunidad, alrededor de 500 camiones, esta tala es realizada presuntamente por grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona, sin que el Estado o la Federación hayan ejercido eficazmente sus facultades en la prevención y sanción del delito, lo que pone a la comunidad en riesgo ante la impunidad que se vive en la zona. Tales hechos han sido materia de denuncia mediante vías complejas y torturas ante la Profepa, ante la Procuraduría General de la República y ante la Fiscalía General del Estado, sin resultados, considerando además que se trata de delitos que se persiguen de oficio. Sin embargo, a la fecha ninguna autoridad ha actuado para poner fin a la tala ilegal en Bawuinokachi y sancionar a los responsables. Como consecuencia, cada día es mayor el número de hectáreas que con total impunidad están siendo devastadas ocasionando la destrucción de las fuentes que constituyen la base de nuestra existencia material y cultural. Ante esta situación, el día de hoy, en representación de la comunidad de Bawinokachi, así como del ejido Panalachi, afectados por la tala ilegal, hemos llegado hasta la ciudad de Chihuahua, demandando su intervención con carácter urgente, a fin de que, en ejercicio de su mandato y responsabilidades legales de protección de los recursos forestales, de la integridad de nuestros territorios y de la seguridad de los miembros de la comunidad, así como de la integridad de la propia comunidad, llevando a cabo las acciones coordinadas que se requieran para poner fin a la devastación de los bosques de la comunidad. La tala ilegal de los bosques de la Sierra Tarahumara, principalmente en el municipio de Bocoyna, es una problemática grave y creciente que afecta los territorios de los pueblos y comunidades indígenas, ya que han sido devastadas cientos de hectáreas de bosques, en menoscabo de la biodiversdiad y sooerte para los ecosistemas, sobre todo, hídricos, que el bosque brinda a la zona de pastizales y el desierto del estado de Chihuahua y estados contiguos (Sonora y Sinaloa). A lo anterior, se suma el abandono y omisión del Estado mexicano para garantizar a nuestras comunidades, seguridad y condiciones para una vida digna, tales como trabajo, salud, alimentación y servicios básicos, manteniéndonos en condiciones de extrema pobreza, situación que es aprovechada por grupos criminales para apropiarse entre otras cosas de los recursos maderables que siempre han sido utilizados por las comunidades. Basados en esas demandas, hicieron diversas demandas enlistadas en siete puntos, que no se han cumplido.