CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unión de Gaseros del Valle de México dio a conocer que esté miércoles continuará el paro de actividades, en protesta por el tope de precios del gas LP impuesto por el gobierno federal que derivó en la reducción de sus comisiones.

En declaraciones a Grupo Fórmula, el presidente de esa agrupación, José Adrián Rodríguez, dijo que esperan entrar en contacto con las plantas para tratar de llegar a un acuerdo y que, en caso de que esto no ocurra, buscarán el apoyo federal.

“Esperamos tener comunicación con las plantas para llegar a un arreglo. Mientras tanto, el paro continúa. Si no tenemos algo concreto el día de hoy, buscaremos el apoyo federal, así que tendremos un segundo día de paro”, dijo.

Según el dirigente de los gaseros en el Valle de México, una de las regiones del país más afectadas con el paro, las plantas los dejaron sin margen para operar, pues la semana pasada lo hacían con un 15 o 20% de ganancia y ahora es de 0.3%.

“Operábamos entre un 15 y 20% de ganancia, ahora nos dan de 20 a 35 centavos por litro; es decir, si uno pudiera vender 5 mil litros en un día, puede uno aspirar a cobrar mil pesos”, detalló.

Por medio de un comunicado, el organismo manifestó que el Sistema de Control de Precios al Público definido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no “garantiza una mejora a la economía o bienestar social, sino por el contrario, se propician condiciones adversas para la distribución segura, eficiente y oportuna de gas LP”.

Ayer la a Asociación Mexicana de Distribuidores de gas LP y empresas conexas (Amexgas) emitió un comunicado y sostuvo que el Sistema de Control de Precios no contribuye a la solución de los problemas de fondo de la industria porque “incentiva al robo de gas LP y su distribución ilícita”.

Además, dijo que propicia el fortalecimiento de grupos de choque y poder que controlan zonas de reparto, a través de pseudosindicatos y organizaciones delictivas; “tal y como se están manifestando en la Zona Metropolitana del Valle de México”.

De igual manera, acusó que la determinación del precio máximo de la CRE no cubre los costos indispensables de la distribución, lo que provoca distintas afectaciones a los consumidores y población:

--Desempleo y desabasto por disminución de rutas de reparto.

--Inseguridad en las operaciones por menor mantenimiento a la infraestructura de distribución.

--Incremento del consumo de leña de la población más vulnerable, al reducir la cobertura de las zonas de distribución.

Y manifestaron su “interés en coadyuvar con las autoridades en encontrar una solución integral para resolver de fondo la problemática actual del mercado en beneficio de las familias consumidoras de México”.