CIUDAD DE MÉXICO (apro).– De acuerdo con el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CS) han incrementado el uso del Bitcoin para lavar dinero y se calcula que han lavado alrededor de 25 mil millones de dólares anuales.

Para no generar sospechas, luego de que en 2018 el gobierno mexicano aprobó una ley para rastrear el uso del bitcoin y otras criptomonedas y deban informar transacciones superires a los 56 mil pesos mexicanos o 2 mil 830 dólares, los cárteles han usado una técnica denominada “pitufeo”.

El “pitufeo” sirve “para permanecer por debajo del umbral para transacciones bancarias que levantan banderas rojas, que es de 7 mil 500 pesos”, consiste en que los delincuentes dividan el dinero ilícito en pequeñas cantidades y los depositen en varias cuentas bancarias.

“Luego usan esas cuentas para comprar una serie de pequeñas cantidades de Bitcoin en línea, oscureciendo el origen del dinero y permitirles pagar asociados en otras partes del mundo”, señaló el informe, presentado en Paraguay, en coincidencia con el lanzamiento global en Viena.

De acuerdo con el reporte exhibido por la presidenta de la JIFE, Jagjit Pavadia, la DEA de Estados Unidos señaló que, tanto los grupos delictivos organizados mexicanos y colombianos, están aumentando su uso de la moneda virtual debido al anonimato y velocidad de las transacciones.

Asimismo, señaló que el ciberespacio y las criptomonedas están emergiendo como una nueva frontera para los grupos delictivos organizados que luchan por el control de los vastos mercados criminales de drogas, armas, sexo y personas.

Al respecto, el informe que se refiere a los flujos financieros ilícitos, en sus vínculos con el tráfico de drogas y sus efectos en la sociedad, destacó que los grupos delictivos organizados dependen de los flujos financieros ilícitos para ampliar y mantener sus actividades delictivas, promoviendo el soborno, la delincuencia, la corrupción y la desigualdad, además de generar inestabilidad política y social. 

El documento plantea la incidencia de las nuevas tecnologías que facilitan a los grupos delictivos organizados el blanqueo de dinero con el consecuente incremento de sus ganancias y concluyó con 32 recomendaciones para intentar mermar esta incidencia delictiva:

• Aprobar leyes de transparencia más eficaces en las que se prevean sanciones adecuadas.
• Intensificar aún más las medidas contra el blanqueo de dinero.
• Prestar atención a las estrategias de reducción de la oferta y la demanda de drogas.
• Colaborar con los sectores privado y no gubernamental y con los líderes para concienciar sobre el vínculo entre los flujos financieros ilícitos y el tráfico de drogas y sus repercusiones negativas en la estabilidad y el desarrollo.
• Tomar medidas encaminadas a prevenir la explotación de nuevos servicios y productos financieros, como la billetera electrónica y las monedas digitales- para el tráfico de sustancias peligrosas.

En el informe se demostró que los países con altos niveles de tráfico de drogas tienen altos niveles de inestabilidad, violencia y delincuencia.

“Para hacer frente a esos efectos negativos y al costo humano, la JIFE hace un llamamiento a los gobiernos para que combatan todas las fases del tráfico de drogas, desde el cultivo y la producción hasta la venta y ocultamiento de los beneficios financieros ilícitos”, agregó.

En Perú, la presentación del Informe 2021 de la JIFE estuvo a cargo de dos miembros de la Junta, Alberto Otárola (Perú) y César Arce (Paraguay) en un evento que contó con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

El evento híbrido se desarrolló en Lima y contó con la participación de seis países de la región: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

“La JIFE trata de detectar y prever tendencias peligrosas y sugiere las medidas que sería necesario adoptar. Desde la UNODC, consideramos que estos informes anuales son una ocasión importante para que la comunidad internacional pueda reflexionar y actuar conjuntamente para abordar los desafíos y los retos que presenta el problema mundial de las drogas y avanzar hacia la Agenda 2030 de desarrollo sostenible”, indicó el representante de la UNODC para Perú y Ecuador, Antonino De Leo.

El director de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, Pierre Lapaque, hizo hincapié en la Estrategia 2022-2025 de la Oficina, presentado en febrero como un elemento articulador en los esfuerzos regionales por luchar contra este flagelo.

“En los tres países con cultivos de coca en la región, la demanda de sustancias químicas crece continuamente y los métodos de procesamiento de cocaína siguen empleando las mismas sustancias químicas.

“Para lograr mejores resultados frente a las dinámicas del narcotráfico es necesario desarrollar nuevas metodologías para su abordaje, basadas en estudios de carácter técnico-científico”, consideró.

Entre los aspectos más destacados del informe 2021 de la JIFE en relación con América del Sur, se señala que se incautaron mayores cantidades de cocaína y precursores; asimismo, el número de rutas y redes utilizadas por los traficantes aumentó a pesar de las restricciones debidas a la covid-19.

La superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca sigue disminuyendo en Colombia, pero Bolivia y Perú notificaron aumentos.

“El informe señala también que en la región varios gobiernos se preparan para establecer industrias del cannabis y que ha habido un aumento de las drogas similares al éxtasis, así como de nuevas sustancias psicoactivas”, indicó. 

Los especialistas coincidieron en que la JIFE tiene la determinación de seguir dando apoyo a los Estados miembros en la aplicación de los tratados de fiscalización de drogas y enfatizaron en la actuación colectiva porque los flujos financieros ilícitos no reconocen fronteras ni nacionalidades.

“Por novena vez en los últimos 13 años, el mundo se volvió menos pacífico, con un deterioro del nivel medio de paz de los países del 0.07 % ese año. El narcotráfico ha incidido en esta situación”, aseguró De Leo.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es el órgano independiente de vigilancia de la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas de las Naciones Unidas. Fue establecida en 1968 con arreglo a lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.