México, D F, 16 de octubre (apro)- Tras confirmar que en el operativo policial realizado en San Salvador Atenco, Estado de México, participaron elementos de la Tercera Brigada de la Policía Militar de San Miguel de los Jagüeyes, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, no sólo demanda el total esclarecimiento de los hechos, sino sanción penal a los elementos de las fuerzas de seguridad pública responsables de los abusos y violación sexual de 26 detenidas En la investigación que llevó a cabo la CNDH destaca el oficio PFP/CFFA/ 3/05/06, con fecha 3 de mayo, en el cual el coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo es señalado de dirigir la Tercera Brigada de la Policía Militar La CNDH advierte que si bien algunas de las personas involucradas en los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006, en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, no respetaron la ley, también los servidores públicos de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y de la Policía Federal Preventiva, no sólo ejercieron su labor rebasando los límites de la fuerza pública, sino que, además, incurrieron en violación a los derechos inherentes a la dignidad humana En los hechos, para el organismos defensor de los derechos humanos es evidente que al menos a las 207 personas detenidas y aseguradas en el Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, les fue conculcada su dignidad humana y, en consecuencia, el respeto a sus derechos fundamentales inherentes a la integridad física, a la legalidad y a la seguridad jurídica, incluso, en perjuicio de particulares ajenos a los hechos de violencia Así mismo, se advierte que con las prácticas adoptadas durante el operativo implementado por los cuerpos policiales involucrados, se transgredieron los derechos fundamentales de las personas detenidas con motivo de los hechos de violencia suscitados los días 3 y 4 de mayo de 2006, lo cual representa, por sí mismo, una infracción al deber que tiene el Estado de garantizar el respeto a los derechos de todas las personas, con lo que se infiere la retención ilegal, la incomunicación, el trato cruel, inhumano y/o degradante, así como la tortura de que fueron objeto De la investigación efectuada por la CNDH, particularmente de las declaraciones rendidas por 26 mujeres involucradas en los hechos, se establecen presuntas conductas atentatorias a la libertad sexual de las personas, y que podrían configurar delitos como el de abuso sexual y violación, circunstancia por la que mediante oficios V2/14573, V2/15753, V2/16800 y V2/30369, de 9, 17 y 29 de mayo, y 21 de septiembre del año en curso, respectivamente, se hizo del conocimiento del procurador general de Justicia del Estado de México conductas consistentes en abusos de naturaleza sexual perpetrados por elementos policíacos, durante su detención y traslado al penal de "Santiaguito" Más aún, señala que tales actos fueron sistemáticamente producidos en contra de, al menos, 26 personas del sexo femenino, detenidas y trasladadas a "Santiaguito", cuyas declaraciones ante personal de la CNDH son coincidentes en cuanto al modo, tiempo y lugar en que fueron perpetrados en contra de su persona y la dignidad que les es inherente No obstante, hasta el 11 de octubre de 2006, la CNDH sólo tenía conocimiento que de 21 elementos policíacos investigados, 17 están adscritos a la Agencia de Seguridad Estatal y fueron consignados por el delito de abuso de autoridad, sin embargo, de uno de ellos el juez de conocimiento decretó su absoluta libertad Así mismo, cuatro elementos de la Policía Municipal de Texcoco fueron consignados por el delito de abuso de autoridad y un agente de la Agencia Estatal fue consignado por actos libidinosos, así como que los 21 están en libertad bajo caución y sujetos a proceso La recomendación, que consta de casi 150 cuartillas, está integrada por más de 4 mil fojas, más de mil 500 fotografías, videos y estudios de organizaciones no gubernamentales, entre otros elementos, que dan cuenta de que en el operativo colaboraron 700 elementos de la PFP, mil 815 de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y nueve policías municipales También integrantes de la Tercera Brigada de la Policía Militar El ombudsman sostiene que "existen elementos para advertir presuntos actos de tipo penal -'violación sexual equiparada-' en contra de las detenidas por policías que las custodiaban cuando eran trasladadas a bordo de los camiones que las llevaban de San Salvador al penal de Santiaguito" De la investigación realizada por la CNDH se infiere que durante un lapso aproximado de cuatro horas en promedio, en que los detenidos fueron trasladados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, al penal de "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, de la misma entidad federativa, fueron víctimas de sufrimientos físicos, consistentes en recibir golpes con los pies y toletes en diversas partes del cuerpo, aunque vale precisar que con mayor intención en la cabeza; haber sido arrojados al piso, primero de la camioneta tipo Pick up de la Policía Estatal y después al piso de los autobuses en que fueron finalmente trasladados al citado penal En ambos momentos los colocaron uno sobre otro sin distinciones de sexo, edad, condición de salud y física, y en el que los elementos policíacos responsables de su traslado y custodia les indicaban constantemente "que los matarían, que los echarían al canal, que los desaparecerían, que eso les pasaba por golpear a sus compañeros", entre otras consignas y amenazas Así mismo, durante todo el tiempo del traslado los mantuvieron agachados boca abajo con las manos en la cabeza, en una sola posición ya que de realizar un mínimo movimiento eran nuevamente golpeados, que en ocasiones paraban el autobús y les reiteraban "hasta aquí llegaron, aquí los vamos a tirar", y una vez que llegaron al Penal los mantenían con la cabeza agachada y algunos tapada con su propia ropa, lugar en el que nuevamente fueron reprendidos a golpes, todo lo cual se traduce en actos de tortura No obstante, la fracción legislativa del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados puso en duda la credibilidad del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Héctor Larios Córdova, coordinador del PAN en San Lázaro, sostuvo que las declaraciones de Soberanes "han venido perdiendo fuerza porque un día dice una cosa y otro día otra" Sin embargo, admitió que si las aseveraciones de Soberanes son serias, y están soportadas por elementos de juicio y existe un verdadero abuso de las fuerzas del orden, entonces debe iniciarse el proceso de destitución de los responsables Larios expuso que cuando se hacen declaraciones sin sustento sobre el incremento de la tortura en México con base "a un pleito personal" se pierde la fuerza y credibilidad