CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El abogado Jaime García Chávez busca ahora llevar a juicio al secretario de Hacienda del gobierno estatal, Jaime Ramón Herrera Corral, por incurrir en conflicto de intereses. Según el litigante, el tesorero estatal debe dimitir y enfrentar la acción de la justicia porque siendo servidor público fungía como director del banco Unión Crédito Progresa de Chihuahua. El también activista recordó que tiene interpuesta una denuncia contra el Ejecutivo estatal, César Duarte Jáquez, y dos funcionarios más por el presunto desvío de recursos públicos a esa institución bancaria. Desde que Herrera Corral tomó posesión del cargo, el 9 de agosto de 2012, “ha violentado diversas normas, tanto del orden federal como local, particularmente las que se refieren a la salvaguarda de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su cargo”, explicó García Chávez. La prueba, abundó, la ofrece el propio Diario Oficial de la Federación del 17 de marzo de 2014, donde se da a conocer el acuerdo tomado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la autorización para la organización y operación de Unión Crédito Progresa y donde consta que Jaime Herrera es representante de esa institución de banca múltiple. “Solicitó, como se observa, siendo secretario de Hacienda, la autorización señalada el día 19 de diciembre de 2013. Lo que quiere decir que, siendo secretario de Hacienda de gobierno del estado, continuaba como representante legal de dichas personas morales, debiendo haberse excusado de participar con ambas personalidades”, pues ello representa un claro conflicto de intereses, acotó abogado Jaime García Chávez. El funcionario estatal violó, enfatiza, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que ordena que todo funcionario debe excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal o para terceros con los que tenga relaciones profesionales. El conflicto de intereses se da, agregó, porque las funciones recaudatorias de la Secretaría de Hacienda se oponen a las de contribuyentes de las sociedades anónimas bancarias, a las que Jaime Herrera representaba en las fechas señaladas con anterioridad. Además, el activista presentó un informe de Moody’s Investors Service, del 17 de enero de 2014, en el que la calificadora financiera manifiesta su preocupación debido a que el funcionario estaría generando un conflicto de intereses. Persisten “preocupaciones en torno al gobierno por motivo de la exposición potencial de Unión Progreso a conflicto de interés derivados de las relaciones que existen entre los accionistas y algunos funcionarios del gobierno del estado, donde se ubica la sede de la entidad”, advierte Moodys. Y es que el secretario estatal aseguró hace unos días que nunca ha ocupado los dos cargos de manera simultánea, mientras que García Chávez aseveró que esa situación sugiere la calidad de accionistas a funcionarios del gobierno el estado, como es el caso del fideicomiso 744743, creado por el matrimonio formado por César Duarte Jáquez y Bertha Gómez Fong. “Un mes después, esta calificadora, el 25 de febrero de 2014, retiró todas las calificaciones de Unión de Crédito Progreso SA, incluida la calificación de fortaleza financiera de bancos intrínseca”, señaló García Chávez.