VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Crece el clamar en Tabasco en contra de la “represión y cárcel” que, mediante la “ley garrote”, aplica el gobierno del estado en contra de damnificados por las inundaciones que protestan y bloquean carreteras para exigir ayuda de las autoridades locales y federales.

Colectivos feministas, senadores, diputados y partidos políticos condenaron el “excesivo uso de la fuerza” en contra de los damnificados y exigieron la renuncia del “misógino y represor” secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCT), Hernán Bermúdez Requena.

El pasado lunes 2, el jefe policiaco encabezó un operativo para desbloquear la avenida Adolfo Ruiz Cortines de Villahermosa, cerrada por colonos que exigían equipos de bombeos para extraer el agua de sus inundadas viviendas de la colonia Casa Blanca.

Una señora reclamó al funcionario que fuera educado en su trato y no utilizar la violencia contra ella, a lo que el jefe policiaco, a gritos, le respondió:

–¡Cree que es educación que estén bloqueando… edúquense ustedes primero!, y se lanzó contra ella y otros colonos que lo increpaban. 

La Red de Colectivas Feministas Tabasqueñas (RCFT) calificó el hecho como “un alarde de autoritarismo y misoginia” del jefe policiaco y exigió su “inmediata destitución”.

“La acción cruel, inhumana y degradante de este ‘servidor público’ es injustificada y deleznable. No la vamos a tolerar. Es una violación al derecho de libre manifestación de nuestra compañera”, protestaron en una carta pública.

De no ser por otros colonos que defendieron a la señora, el encargado de la seguridad y protección de los ciudadanos, la hubiera golpeado, manifestó la Red.

Refirió que las imágenes de videos no mienten y que Bermúdez Requena se lanzó contra la mujer que reclamaba el uso de la fuerza en el operativo de desbloqueo, “con gritos y actitud amenazante”.

Un vivo ejemplo, dijo la Red, de lo que se quiere erradicar: las prácticas violentas y misóginas perpetradas por las autoridades supuestamente encargadas del orden y la justicia”.

Desde que iniciaron las inundaciones y bloqueos de carreteras de miles de afectados que demandan ayuda, se han vuelto comunes las actitudes violentas de Bermúdez Requena en los operativos policiales.

El 14 de octubre, en otro operativo, la delegada municipal de la Ranchería Huapacal del municipio de Cunduacán, Arveli “N”, fue detenida junto con cuatro damnificados más cuando bloqueaban la carretera Cunduacán-Comalcalco, en apoyo de cientos de afectados por las inundaciones que exigían los apoyos de 10 mil pesos ofrecidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los cinco fueron encarcelados en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset), donde aún se encuentran bajo proceso por supuestamente “falsear” domicilios para conseguir los referidos vales de apoyos, y con una posible sentencia de hasta 13 años de prisión.

PRD y PRI también protestan

El Parido de la Revolución Democrática (PRD) condenó y repudió la violencia policiaca en contra de los damnificados y también exigió la renuncia del titular de la SSPCT.

“El PRD no puede quedarse callado ante las agresiones y violencia que elementos antimotines comandados por su jefe, Hernán Bermúdez Requena, cometieron y siguen cometiendo en contra de tabasqueños que sólo demandan solución a sus problemas”, expuso el dirigente estatal del partido, Javier Cabrera Sandoval.

“No es la primera ocasión que el gobierno del estado utiliza la ley garrote para eludir su responsabilidad y obligación de atender y dar respuesta a las demandas y peticiones de los ciudadanos”, añadió.

El senador perredista Juan Manuel Fócil calificó como condenable, indignante y lamentable que se aplique “la ley garrote al pueblo donde nació el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

“Quiero manifestar mi total rechazo a las acciones del gobierno en contra de miles de personas que solo piden un apoyo o despensa y lo único que reciben son agresiones, represión y cárcel”, protestó.

La diputada local priista Minerva Santos García propuso un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Adán Augusto López Hernández y al jefe policiaco Bermúdez Rerquena, para que “se abstengan de agredir verbal y físicamente a las personas que se encuentren realizando manifestaciones o reclamos”.

Dijo que este proceder constituye una violación a los derechos humanos de los manifestantes, afectados por las lluvias, “a quienes hay que apoyar no aplicarles la ley garrote”.

Su compañero de bancada y coordinador de la fracción parlamentaria del tricolor, Gerald Washington Herrera, presentó una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal de Tabasco para desaparecer la llamada ‘ley garrote’.

Comentó que es necesario derogar esta ley porque violenta los derechos humanos y la libertad de reunión, así como los acuerdos en esta materia ha firmado el gobierno de México.

Destacó que no se deben criminalizar las manifestaciones y protestas de los afectados por las inundaciones, por la falta de apoyos.

La “ley garrote” fue aprobada en julio de 2019 por la mayoría morenista del Congreso, a propuesta del gobernador Adán Augusto, con la justificante de acabar con las “extorsiones” en bloqueos de carreteras.

El Código Penal del Estado se reformó para pasar de uno y 5 años de prisión, a seis y trece años de cárcel, “al que extorsione, coaccione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar, para la ejecución de trabajo u obras pública o privada en las vías o medios de comunicación de jurisdicción local”.