CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El caso sobre el espionaje ilegal operado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto contra periodistas y defensores de derechos humanos tuvo un giro en días recientes, luego que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dio a conocer que desinstaló el malware Pegasus de sus computadoras. Al respecto, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) denunció que esa medida podría constituir un “acto deliberado de destrucción de evidencia”. La misma AIC aseveró al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que nunca utilizó Pegasus, un programa espía desarrollado por la empresa israelí NSO por el que la misma agencia adquirió en 32 millones de dólares en 2014, mientras era dirigida por Tomás Zerón de Lucio, acusado de falsificar evidencias en la investigación del caso Ayotzinapa. “Esta afirmación es abiertamente falsa y podría constituir responsabilidades penales y administrativas”, se indignó R3D, y recordó que “existe evidencia fehaciente en el expediente de la investigación penal que demuestra que, al menos hasta el 6 de julio de 2018, Pegasus estaba siendo utilizado efectivamente por parte de la AIC”. Es más, la organización detalló que el propio Enrique Peña y Areli Gómez –titular de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando se adquirió el programa-- reconocieron que Pegasus se utilizó “de manera legal”. La Red destacó que, “de comprobarse la desinstalación y la destrucción de información clave relacionada con el uso de dicho malware, se habría violado la orden de resguardo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) emitió respecto de toda información relacionada con Pegasus, y se habrían cometido diversos delitos relacionados con la destrucción de evidencia y el entorpecimiento de la investigación penal”. R3D formó parte del grupo de organizaciones que interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) cuando el Citizen Lab reveló que el gobierno de Peña Nieto había tratado de intervenir, con Pegasus, los celulares de activistas, periodistas --entre ellos Carmen Aristegui y su equipo de investigación-- e incluso de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuvaron en el caso Ayoztinapa. “A más de 20 meses, el caso se mantiene en la impunidad”, deploró la organización, y urgió a la nueva Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, brindar un “nuevo impulso” a la investigación.