MEXICALI (apro).- Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, acudió la mañana del lunes ante el Juzgado federal para responder a las acusaciones de corrupción y colusión de servidores públicos que le hace la actual administración, a pesar de saber que no sería imputado por contar con fuero constitucional.

Sin embargo, aprovechó el escenario con gran presencia de medios de comunicación para responsabilizar a la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de los hechos de violencia e incluso inferir que ella incumplió promesas al narco.

"Es un gobierno fallido, no se puede decir otra cosa", dijo cuando se le pidió su opinión sobre la quema de vehículos por parte del crimen organizado, y añadió: "En mi gobierno jamás pasó eso, es inaceptable en un Estado de Derecho que existan estas situaciones, lo que nos dice es que hubo arreglos que no se cumplieron".

Y remató: "(Los criminales) se cuidaron mucho de que no hubiera muertos o heridos, ¿no les llama la atención? Aquí es una venganza de alguien, del crimen organizado, que le está reclamando al gobierno del estado que no le han cumplido".

El exgobernador se refirió también a las controvertidas declaraciones de su aliada política, la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, quien el viernes exigió al crimen organizado cobrar facturas a quien no le ha pagado.

“Mal. No creo que se le dé autorización a nadie para que extorsione y eso es lo que es", opinó.

DIFIEREN AUDIENCIA

El juez de control con sede en el estado decidió diferir la audiencia de imputación por los delitos de corrupción y colusión de servidores públicos contra nueve exintegrantes del gabinete de Jaime Bonilla. A este último no lo incluyó por contar con fuero.

La decisión se tomó luego de que la defensa de los acusados por la Fiscalía General del Estado argumentaran que no han tenido acceso a la carpeta de investigación.

Las acusaciones se basan en la entrega del contrato para la construcción de una planta fotovoltaica a la empresa Next Energy y la cual, en caso de no haberse cancelado por el actual gobierno, le generaría una afectación al erario estatal de 12 mil millones de pesos, según la denuncia.

El contrato que fue calificado de leonino por el actual secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexia, nunca contó con la autorización del gobierno federal para que se instalara. Aún así, la administración de Jaime Bonilla firmó un contrato con ella y comprometió las participaciones federales que le corresponden a la entidad, para respaldarlo en caso de incumplimiento de pago.

Entre los acusados acudieron Amador Rodríguez Lozano, exsecretario general de gobierno; Adalberto González Higuera y Rodolfo Castro, exsecretarios de Hacienda; Karen Postlethwaite, titular de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y los titulares de Oficialía Mayor, Israel Clemente González y Marco Octavio Hilton Reyes.

Además, la directora de la Comisión Estatal de Energía Miriam Lizbeth Álvarez Martínez, el exsubsecretario de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones Pablo Alonso Hernández Arellano y los exdirectores Héctor Martínez Rivas y Alberto Julio Pani Bano.

Quien no acudió al llamado fue el exsecretario del Agua, Salomón Faz, por motivos de salud.

La audiencia que responde a la causa penal 04921/2022 y Número Único de Caso 02-2022-06977, se reprogramó para el 28 de octubre en la sala 6 de la unidad Río Nuevo del Sistema Penal.